La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha reclamó este lunes a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que impulse una reforma educativa para incrementar el gasto educativo en 21.000 millones de euros y alcanzar así la cifra de los 74.687.000 millones en el conjunto del Estado (el 6 por ciento del PIB).
Así lo ha reclamado CSIF en la Mesa Sectorial de Educación, que no convocaba a los sindicatos desde el pasado mes de mayo, pese a la gravedad de la situación, en plena segunda ola de rebrotes de COVID-19 y con el curso ya en marcha. El sindicato ha elevado su protesta a la mesa por la ausencia de negociación de las medidas adoptadas en la pandemia con los representantes de los trabajadores.
El sindicato ha hecho balance de la situación tras la vuelta al cole: los centros carecen de personal sanitario; faltan medios de protección; las ratios continúan muy por encima de los 20 alumnos por clase que había recomendado el Ministerio de Sanidad; el refuerzo de personal interino es insuficiente. Además, hay que tener en cuenta, ha señalado la central sindical, que los fondos COVID-19 de 2.000 millones para la Educación aún no han llegado y no tienen carácter finalista, tal y como CSIF exigió.
El sindicato considera que si no actuamos rápido, la pandemia agravará los problemas endémicos del sistema y nuestra brecha aumentará respecto a los países desarrollados, como apuntaba el último informe de la OCDE: falta de inversión, abandono escolar, paro juvenil y las diferencias entre las comunidades autónomas, altas ratios de alumnos por aula, etc.
CSIF ha resaltado que seguimos estando a la cola en inversión educativa, tanto en proporción al gasto público (un 8,8% del total de gasto público, frente al 10,8% de la media en la OCDE), como en relación al PIB (un 4,3%, frente al 4,9% de la OCDE).
CSIF también ha reiterado sus críticas a la decisión de contratar docentes sin máster, situación a la que se ha llegado por una mala planificación y por la precariedad en las plazas de interinidad ofertadas. En este sentido, plantea que las comunidades autónomas compartan bolsas de trabajo para que interinos que cumplan los requisitos puedan trabajar en cualquier lugar de España.
Igualmente, exige al Ministerio que considere al profesorado como personal de riesgo por su exposición al virus, así como una atención especial a los docentes vulnerables y una evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo. Todo incide en la necesidad de negociar un Estatuto Docente que regule la profesión docente en su totalidad, para garantizar las condiciones socio-laborales del profesorado en todas las comunidades autónomas.
