El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a distribuir de manera inmediata entre todos los profesionales sanitarios Equipos de Protección Individual y a informar por escrito, cada quince días, de las medidas en este sentido. Es una decisión adoptada por el alto tribunal tras un recurso interpuesto por la Confeeración Estatal de Sindicatos Médicos.
En una medida cautelar, el Supremo señala que el Ministerio de Sanidad estaba incumpliendo el artículo 12.4 del Real Decreto sobre el Estado de Alarma, que señala que "estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria", señala dicho artículo.
El Supremo, además, evita pronunciarse sobre si existió, o no, falta de prevision por parte del Gobierno ante la COVID-19, centrándose en "el interés público esencial y común de preservar el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la salud de los profesionales sanitarios"
