Comisiones Obreras considera que una serie de organismos públicos en Ceuta pueden estar asignando cometidos a ciertos trabajadores que deberían ser asumidos por personal de seguridad privada y, por consiguiente, a empresas del sector de la seguridad privada. Estas actividades están reguladas por la Ley 5/2014, del 4 de abril, de Seguridad Privada, pudiendo realizarlas solo profesionales con una titulación que les habilita a poder las funciones consagradas en la mencionada ley y por empresas que están habilitadas para ello.
Desde Comisiones Obreras entendemos que "la administración local debería hacen un esfuerzo por perseguir y erradicar el asentamiento de estas prácticas en algunos centros dependientes o gestionados por la Ciudad Autónoma, con la ignorancia de la Delegación del Gobierno, están apropiándose estas funciones a empresas que ni están acreditadas para ejercer estás funciones de vigilancia, ni los trabajadores que están contratados tampoco tienen la acreditación oportuna", apunta el sindicato.
CCOO señala que "desde la propia administración se pueda estar fomentando el intrusismo laboral en el sector de la seguridad privada. Encomendando a empresas que se hagan cargo de los servicios de control y guardia de distintos inmuebles que se encuentran bajo la competencia de la Ciudad" y añade que "las administraciones deben de actuar para frenar el aumento del intrusismo experimentado estos últimos años en el área de la seguridad privada en Ceuta, pues incide en la precariedad laboral del sector".
Esta situación no solo tiene repercusiones en el empleo y en la generación de actividad en el sector, sino que también redunda en la propia seguridad y la ciudadanía, pues estas tareas precisan de la profesionalización y formación necesarias. El sindicato expone, además, que "han exigido en reiteradas ocasiones a las distintas administraciones que se impliquen en buscar soluciones al grave problema del intrusismo en el sector de la seguridad privada en la Ciudad Autónoma".
