Celaya exige al Gobierno explicaciones por la gestión de la agresión a una enfermera en el CETI

El diputado popular Javier Celaya ha llevado al Congreso las contradicciones del Gobierno respecto a la agresión a una profesional sanitaria en el CETI de Ceuta. Pregunta por el papel del director del centro y la situación del presunto agresor, alojado en un hostal y pendiente de traslado a la Península.

Celaya pone en evidencia las contradicciones sobre la agresión en el CETI

El diputado del Partido Popular por Ceuta, Javier Celaya, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir al Ejecutivo central que aclare las incoherencias detectadas en la gestión del caso de agresión a una enfermera en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ocurrida el pasado 27 de julio.

Según lo difundido, el presunto autor de la agresión, un residente del centro de nacionalidad guineana, se encuentra actualmente alojado en un hostal, a la espera de ser trasladado a la Península. Esta situación ha provocado un fuerte malestar en distintos sectores profesionales y políticos, al considerar que la víctima ha quedado desprotegida, mientras el supuesto agresor habría recibido un trato de favor.

Un caso que genera inquietud entre los profesionales sanitarios

La denuncia inicial parte del sindicato SATSE, que representa a los trabajadores de enfermería. Según este colectivo, el director del CETI, Antonio Bautista Fernández, habría intentado disuadir a la víctima de presentar denuncia, lo que ha sido interpretado como un intento de minimizar los hechos o evitar repercusiones institucionales.

A pesar de ello, la denuncia fue interpuesta y el procedimiento legal está en marcha. Sin embargo, el trato dispensado al presunto agresor, que no se encuentra bajo custodia sino alojado fuera del CETI, ha generado un profundo malestar entre los sanitarios del centro y entre responsables políticos como el propio Celaya.

La Delegación del Gobierno niega irregularidades

Frente a estas acusaciones, la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha asegurado que no existen pruebas de actuación irregular en la gestión del caso. Según sus declaraciones, tanto el alojamiento actual del presunto agresor como su próximo traslado a la Península responden a un procedimiento ordinario y habitual en el contexto de los flujos migratorios y la gestión del CETI.

Estas palabras no han convencido al diputado del Partido Popular, que considera que la versión oficial no resuelve las dudas y que los hechos conocidos hasta ahora exigen una explicación exhaustiva del Ejecutivo.

Preguntas al Gobierno: ¿Quién paga el hostal y por qué se traslada al presunto agresor?

En su iniciativa parlamentaria, Javier Celaya ha registrado una serie de preguntas formales al Gobierno. Entre las cuestiones planteadas, el diputado ceutí solicita respuestas claras sobre:

• La razón del alojamiento en un hostal del presunto agresor en lugar de su permanencia en el CETI u otra instalación oficial.
• La identidad del organismo o entidad que costea dicha estancia.
• La inminencia o no del traslado a la Península del presunto agresor.
• Las posibles medidas disciplinarias adoptadas contra el director del CETI por su supuesta intervención para frenar la denuncia.
• La existencia de un expediente informativo o sancionador contra responsables del centro por la gestión del incidente.

Estas preguntas ponen de relieve la desconfianza creciente entre la oposición y el Gobierno respecto al modo en que se está abordando la seguridad del personal sanitario que trabaja en entornos sensibles como el CETI.

“No vamos a permitir que se cierre en falso”

En una declaración contundente, Celaya ha subrayado que “es inaceptable que se premie al presunto agresor”, mientras la víctima y sus compañeros “quedan en una situación de desprotección”. El diputado ha dejado claro que su formación no permitirá que el caso se cierre en falso ni que se diluyan responsabilidades políticas o administrativas.

Estas palabras recogen una preocupación compartida en parte de la sociedad ceutí, donde el personal del CETI desempeña una labor compleja en un entorno de alta presión, con migraciones constantes, escasez de recursos y episodios de tensión como el ocurrido el pasado mes de julio.

Un caso con implicaciones políticas, sociales y sanitarias

La agresión a una enfermera en un centro oficial como el CETI, gestionado por el Gobierno, y la posterior actuación de sus responsables, ha abierto un debate sobre la protección del personal público en situaciones de riesgo, así como sobre la gestión política de los centros de acogida de inmigrantes.

El hecho de que el presunto agresor no solo no haya sido apartado del sistema, sino que sea alojado en condiciones aparentemente favorables, despierta dudas sobre los criterios de justicia y equidad aplicados.

Al llevar el caso al Congreso de los Diputados, Celaya sitúa el incidente en el plano nacional, obligando al Gobierno a dar explicaciones más allá de las declaraciones públicas realizadas hasta el momento por la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Una respuesta institucional pendiente

A la espera de las respuestas oficiales del Ejecutivo, el caso continúa siendo objeto de debate y seguimiento. La acción del diputado popular representa una presión política directa para esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad institucional ni privilegios encubiertos.

Mientras tanto, los profesionales sanitarios del CETI y el conjunto de trabajadores de servicios esenciales esperan señales claras de protección y respaldo por parte de las autoridades. La gestión de este incidente podría marcar un precedente sobre cómo se tratan estos casos en el futuro, en un entorno tan complejo como el de la inmigración y la seguridad en Ceuta.