Ceuta espera el martes el decreto ley de reparto de menores
La ciudad se encuentra al límite con 450 menores tutelados y sufre una sobrecarga del 414%
El Gobierno de España aprueba este martes un decreto ley que permitirá redistribuir a los menores migrantes no acompañados. Ceuta prevé el traslado de unos 400 chicos, aunque la cifra dependerá de nuevas entradas y de la puesta en marcha del plan estatal.
Ceuta, desbordada por la tutela de menores
La ciudad autónoma de Ceuta afronta una situación crítica en materia de acogida de menores extranjeros no acompañados. Actualmente tutela a unos 450 jóvenes, lo que supone una sobrecarga del 414% respecto al umbral legal establecido. El Ejecutivo ceutí calcula que podrán trasladarse alrededor de 400 menores, aunque esta cifra está condicionada por las nuevas llegadas, la mayoría de edad de algunos tutelados y el ritmo de implementación del plan estatal.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ya adelantó que el Consejo de Ministros aprobará este martes el decreto ley que regula la capacidad ordinaria de acogida de cada región y la financiación necesaria para los traslados.
El decreto del Gobierno: reparto y financiación
En el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, se dará luz verde al decreto ley que desarrolla la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta normativa hace obligatoria la distribución de los menores migrantes en aquellas comunidades con sistemas de acogida saturados, como Ceuta, Canarias y Melilla.
El Ministerio de Infancia, liderado por Sira Rego, prevé que los primeros traslados comiencen este jueves 28 de agosto. En total, se redistribuirá a 3.000 menores desde los territorios más tensionados hacia comunidades con mayor capacidad de acogida.
Comunidades autónomas implicadas en la acogida
Según la capacidad ordinaria actualizada en julio por el Ministerio, Andalucía (677 menores) y Madrid (647) son las comunidades que más chicos acogerán, seguidas por la Comunitat Valenciana (571). Cataluña y Euskadi no recibirán más menores por tener sus sistemas ya “tensionados” tras el esfuerzo previo realizado.
En el resto de comunidades, la distribución prevista es la siguiente:
- Castilla-La Mancha: 320
- Galicia: 317
- Aragón: 251
- La Rioja: 205
- Castilla y León: 197
- Extremadura: 159
- Cantabria: 156
- Asturias: 144
- Murcia: 133
- Navarra: 118
- Illes Balears: 49
Criterios para la distribución
El sistema de reparto se basa en criterios objetivos, fijados en el real decreto convalidado en abril por el Congreso de los Diputados, con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo Vox y PP. Los factores que determinan la asignación de plazas son:
- 50%: población de la comunidad autónoma
- 13%: renta per cápita
- 15%: tasa de paso
- 6%: esfuerzo previo en acogida
- 10%: disponibilidad de plazas
- 2%: realidad fronteriza
- 2%: dispersión poblacional
El objetivo es garantizar una gestión ordenada y equitativa que tenga siempre en cuenta el interés superior del menor.
Situación de contingencia migratoria
La normativa prevé que se active un plan extraordinario cuando una comunidad autónoma supere en más del triple (150%) su capacidad de acogida. Es lo que ya ocurre en Canarias y Ceuta, motivo por el cual el Estado puede proceder a redistribuir a los menores en un plazo de 15 días desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
El decreto aprobado este martes declarará la situación de contingencia migratoria extraordinaria en el archipiélago canario. En el caso de otras comunidades, será la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el órgano encargado de aprobar esta declaración.
Reacciones políticas y recurso del PP
Aunque el Gobierno central defiende que la medida busca “garantizar una acogida digna” y acceso a derechos básicos como la educación y la sanidad, diez comunidades gobernadas por el Partido Popular han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el sistema de distribución.
A pesar de ello, el Ejecutivo insiste en que la redistribución es una herramienta estructural y necesaria para hacer frente al drama humanitario que viven Canarias y Ceuta, donde los centros de acogida se encuentran colapsados y resulta imposible atender de forma adecuada a todos los chicos.
Un sistema que se revisará cada año
La capacidad ordinaria del sistema de acogida se determinará anualmente. Antes del 15 de enero de cada año, cada comunidad autónoma deberá comunicar el número máximo de menores que puede atender. Este sistema pretende dotar de mayor seguridad jurídica y planificación a la política migratoria en materia de infancia.
Ceuta espera alivio en su sistema de acogida
Para Ceuta, el plan supone un alivio inmediato a una situación insostenible. Con más de cuatro veces la carga permitida, la ciudad autónoma ve en la redistribución una oportunidad para descongestionar los centros y garantizar mejores condiciones para los menores tutelados.
Aunque el traslado de unos 400 menores aliviará la presión, la administración local advierte que la cifra final dependerá de la evolución de las entradas irregulares, las salidas por mayoría de edad y la propia implementación del plan estatal.
Lo que sí está claro es que, por primera vez, Ceuta contará con un mecanismo de apoyo estable dentro del sistema de acogida nacional, lo que permitirá a la ciudad afrontar con mayor resiliencia los retos que plantea la migración en la frontera sur de Europa.