RPT

Concentraciones "ruidosas" frente a la Asamblea como aviso a un posible conflicto judicial

Los portavoces de las tres centrales sindicales representadas en el Comité de Empresa de la Ciudad han comparecido en rueda de prensa para anunciar dos movilizaciones "ruidosas" este jueves y viernes frente al Palacio Autonómico. Será con motivo de la RPT, que el Gobierno pretende aprobar "de modo unilateral", según los sindicatos, lo que podría dar lugar a un conflicto judicial

 

 

El jueves y el viernes comenzará con dos movilizaciones sindicales frente al Palacio Autonómico en protesta por la "actitud intransigente" del Ejecutivo en la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo. Los representantes sindicales -José Miguel Antúnez, de UGT, Iván Ramos, del CSIF y José Antonio López, de Comisiones Obreras- lo han anunciado en una rueda de prensa en la que han cargado duramente contra el Gobierno de la Ciudad. Han acusado al director general de Personal, Francisco Díaz, de levantar dos veces la mano en la última votación y esperan a conocer el acta.

 

 

En algún momento, además, los sindicatos han calificado el documento como "de género tonto". Cuenta Antúnez que la propuesta del Ejecutivo deja descontento al 95% del personal ya que, por ejemplo, hay oficinas en las que cinco trabajadores diferentes tienen cinco complementos salariales diferentes.

 

La pregunta que surge, antes de acudir a los tribunales, es si legalmente el Gobierno puede aprobar una RPT sin el consentimiento sindical. Según Iván Ramos, del CSIF, no

 

Los sindicatos ven, además, contradicciones visibles entre el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani; recuerdan como el primero ha señalado que no habrá RPT sin consenso y como la segunda computa como abstención el abandono de los sindicatos en la mesa negociadora del pasado martes. Finalmente, avisan de que la presión sobre el Gobierno irá "in crescendo", han aclarado que en ningún momento se ciñen exclusivamente al tema económico sino al funcionamiento técnico y el reparto de funciones e, ironizando, han afirmado que el documento que pretende aprobar el Gobierno provocaría carcajadas en el Tribunal de Cuentas.