Tan solo unas 15 plazas de las 35 de la Oferta Pública de Empleo de 2016, se han ejecutado, por lo que el resto se han perdido de forma improrrogable, lo que supone, a juicio de CSIF una situación con consecuencias muy graves.
De tal forma, una veintena de puestos de trabajo en la Administración Pública para puestos como los de cocineros de primera, ayudante de matarife, programador operador, arquitecto, cabos de bombero, o sargento de bombero, entre otras, se han perdido por caducidad sin que puedan ofertarse.
En la anterior ocasión y ante la gravedad de la situación generada, se elevó una consulta a la Secretaría de Estado de la Función Pública, la cual confirmaba, poco después, la situación de caducidad de dicha oferta, teniéndose que anular todas y cada una de las plazas y convocatorias, sin que se depuraran responsabilidades, como exige ahora CSIF.
El Estatuto Básico del Empleo Público deja claro que en el caso de no ejecutarse la oferta pública de empleo tras transcurrir tres años, esta oferta es improrrogable y por lo tanto se pierden por caducidad, y precisamente eso es lo que ha ocurrido en este caso.
