La delegada avisa: “Habrá consecuencias penales si se incumple el reparto de menores”
La Delegación del Gobierno en Ceuta avanza con la maquinaria del Estado mientras prevé obstáculos políticos y jurídicos por parte de varias comunidades autónomas
El Gobierno de España ha dado un paso hacia el reparto equitativo de menores migrantes entre comunidades autónomas, un proceso que, según la Delegación del Gobierno en Ceuta, será tan necesario como conflictivo. La Ciudad Autónoma de Ceuta, desbordada por una contingencia migratoria significativa, se perfila como una de las primeras en acogerse al nuevo plan de redistribución.
La delegada del Gobierno, tras participar en una reunión técnica en Gran Canaria el pasado 31 de julio, afirma que el Ejecutivo “está trabajando mucho y bastante bien” en esta materia. Sin embargo, anticipa que será necesaria toda la maquinaria legal del Estado para contrarrestar la falta de solidaridad interterritorial.
Un reparto amparado por el Real Decreto Ley
El próximo 26 de agosto, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar las cifras exactas para el reparto de menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas. Este plan se ejecutará en base a una guía de procedimiento que establecerá los trámites administrativos tanto para los territorios emisores como para los receptores.
Además, se recuerda que el incumplimiento del Real Decreto Ley tendrá consecuencias penales y administrativas para aquellos funcionarios que se nieguen a ejecutar una orden de traslado.
Ceuta: máxima presión migratoria y todo preparado
Ceuta es uno de los territorios más afectados por la presión migratoria, con muchos más menores extranjeros no acompañados de los que puede atender según su tamaño y renta per cápita. Por eso, la ciudad es la principal interesada en que el sistema de reparto se ponga en marcha cuanto antes.
La delegada ha mantenido un contacto constante con el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, Alberto Gaitán, y la jefa del área de menores, Toñi Palomo, para preparar la solicitud formal de contingencia migratoria y representar a Ceuta en las reuniones estatales.
Desde el Ministerio de Infancia y Juventud se ha transmitido que están "tremendamente satisfechos" con el trabajo técnico del área de menores de Ceuta, ya que los expedientes están al día y todo está listo para el traslado de menores a otros territorios.
Rechazo político y resistencia esperada
Pese a esta preparación, la delegada no oculta su "realismo pesimista": prevé que el procedimiento será difícil y estará plagado de “estratagemas” y “recursos absurdos” destinados a paralizar los traslados.
Critica que algunas comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por la derecha o la ultraderecha, se niegan a asumir menores migrantes. Ejemplifica esta falta de solidaridad con el caso de Pozuelo, donde sí se acogieron a menores ucranianos, pero no a magrebíes o subsaharianos.
No obstante, insiste en que el Estado ha previsto todos los escenarios: “la maquinaria legal está preparada para actuar y hacer cumplir la norma”.
El Estado cubrirá todos los gastos
Uno de los principales argumentos del Gobierno para minimizar la resistencia de las comunidades autónomas es el apoyo financiero total. Según se ha anunciado, el Estado asumirá todos los costes derivados del acogimiento de menores migrantes, lo que elimina cualquier excusa económica o presupuestaria.
Además, en el marco de las transferencias específicas a Ceuta, se ha confirmado una dotación especial para el sostenimiento de la infancia migrante, un gesto que subraya la gravedad de la situación en la ciudad autónoma.
Fechas clave: primeros traslados en septiembre
Una vez aprobadas las cifras por el Consejo de Ministros y registrada formalmente la contingencia por parte de la Ciudad Autónoma, el proceso de traslado podría comenzar la primera semana de septiembre. Los plazos serán, en palabras de la delegada, “bastante cortos” para agilizar los trámites y reducir la presión en territorios saturados como Ceuta y Canarias.
La ley por encima de la ideología
La delegada concluye que el plan de reparto está diseñado para garantizar el interés superior del menor, con procedimientos técnicos sólidos y cobertura legal suficiente para enfrentar las resistencias políticas.
“El Estado va a funcionar”, afirma, advirtiendo que se acudirá a todas las vías jurídicas y administrativas necesarias para que cada comunidad asuma su responsabilidad, con independencia del color político de su gobierno.