Una semana de trabajo, un gasto que oscila entre los 30.000 y 50.000 euros por cada actuación, y mucho esfuerzo, pero que en unas semanas volverá a estar sucio, si el público no se conciencia del daño medioambiental que produce, el coste para las arcas públicas y el perjuicio para la barriada que producen los que arrojan las basuras en este y otros lugares.
Una cuestión que no se comprende, ya que la mayoría de los restos que se arrojan en estos descampados, pueden tirarse sin coste alguno en los puntos limpios, para que sea procesados. De forma completamente gratuita.
El consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, ha anunciado que se van a reforzar los dispositivos de vigilancia de las zonas propensas a convertirse en vertederos ilegales y, a preguntas de los periodistas, ha señalado que se están imponiendo sanciones, que pueden llegar hasta el millón de euros por delito ecológico. La última que pasó por su despacho contemplaba una multa de 3.000€.
El trabajo que se ha desarrollado en la zona tras la antigua cárcel de los Rosales ha resultado en la retirada de varias toneladas de basura, que han sido separadas para su posterior procesamiento en los puntos limpios, y reciclaje de toda la materia susceptible de hacerlo y traslado del resto, como los escombros a los lugares apropiados.
