A pesar de que el auto de procesamiento es, en la teoría, el paso previo a la apertura de juicio oral, la finalización judicial del “Caso EMVICESA” no está ni mucho menos cercana. Ahora, el Ministerio Fiscal tiene diez días para tipificar los delitos. Pero ahí nos encontramos el primer desfase entre práctica y teoría. La Fiscalía puede tardar meses, en función del volumen de trabajo, en tipificar o no los delitos de los que se acusa a las sesenta personas señaladas en el auto de procesamiento. Las fuentes consultadas por Ceuta Televisión ponen como ejemplo un reciente y mediático caso: el auto de procesamiento a varios miembros de La Manada por una presunta violación grupal en Pozoblanco (Córdoba) se dictó en septiembre. A punto de culminar noviembre, y con sólo cuatro personas implicadas, aún no se conoce la petición de penas para un caso con cuatro procesados por los mismos delitos. En el de EMVICESA hay sesenta con diferentes imputaciones.
Posteriormente, llegará el turno para la apertura de juicio oral, y las defensas presentarán sus escritos. Estos deberán ser estudiados y respondidos, antes de remitir el caso a la Audiencia para seguir con el juicio definitivo. Un juicio en el que, a pesar de que hay delitos que caben ser abordados con jurado, no contará con esta figura. El cohecho o la malversación si suelen ser juzgados por un Jurado, pero no ocurre lo mismo con otros ilícitos como la prevaricación, la organización criminal, la falsedad documental o el tráfico de influencias incluidos por Lucini en el auto de procesamiento. A ello se une la extrema complejidad técnica de un caso salpicado de actas de reunión, decretos, extractos bancarios y anotaciones registrales. Las estimaciones iniciales apuntan a que el juicio no comenzaría antes de 2020.
Por otra parte, prácticamente todas las defensas han confirmado ya que trabajan ya en los recursos de apelación. Algunos letrados, como el que se encarga de la representación de las ex consejeras Román y Mohamed, Jorge Martín Amaya, consideran que no se han examinado ninguna de las pruebas que exoneraban a la Comisión Local de la Vivienda y por ende a sus defendidas de los delitos de los que se les acusa. La mayoría de los letrados optará por el recurso de reforma, que deberá presentarse en los tres días siguientes a la notificación, en vez de por el recurso de apelación. El motivo no es otro que el recurso de apelación debe examinarlo la misma juez que ha instruido el sumario. Veinticuatro horas después del auto de procesamiento, el Boletín Oficial del Estado reflejaba el nombramiento de Raquel Lucini Nieves como nueva responsable del Juzgado número 4 de El Puerto de Santa María (Cádiz). Oficialmente, y sin saber que ocurrirá en un futuro, su relación profesional con Ceuta concluye este miércoles.
