Este acuerdo supone introducir por primera vez el derecho al teletrabajo en el Estatuto Básico del Empleo Público, y por tanto se podrán acoger al mismo tanto el personal funcionario como laboral de las administraciones públicas.
Como defendió CSIF, han recordado desde el sindicato, desde el principio de esta negociación, el teletrabajo será voluntario y reversible. Además, el personal que opte por el teletrabajo tendrá garantizados los mismos derechos y obligaciones que aquellos que acudan a su puesto de manera presencial.
A partir de esta nueva regulación básica, el resto de las administraciones podrán desarrollar su propia norma y determinar el porcentaje de servicio que se pueda realizar mediante el teletrabajo. Así, se combinará la presencialidad y el trabajo a distancia en el régimen que se establezca, garantizando siempre la atención presencial a la ciudadanía.
Además, la Administración proporcionará al personal que trabaje en esta modalidad los medios tecnológicos necesarios para ejercer su actividad..
Conciliación y protección de la salud
El teletrabajo es una medida que favorece la conciliación de la vida laboral y personal, flexibiliza horarios de una manera más racional, previene riesgos laborales y protege la salud. Sin duda, disminuye el impacto ambiental, reduce costes en infraestructuras y mejora la integración de personas con discapacidad o en rehabilitación tras enfermedad.
El pasado 17 de junio, CSIF ya alcanzó un acuerdo pionero, vigente hasta el final de la pandemia, en el que se establecían criterios de organización para que la plantilla de la Administración General del Estado pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios durante la nueva normalidad garantizando con ello la protección de la salud de los grupos de EEPP más vulnerables frente al Covid y la conciliación familiar y laboral
