El ministerio fiscal ha pedido prorrogar la prisión del ex vicepresidente del Gobierno, Javier Guerrero, tras el análisis de parte de los dispositivos tanto informáticos como móviles pertenecientes al médico. Según fuentes (en plural) cercanas al caso, el examen pericial practicado por la Guardia Civil sobre estos aparatos aún no ha sido entregado en su totalidad, lo que ha llevado a Fiscalía a solicitar que se prorrogue la situación de prisión preventiva del médico. Del mismo modo, las citadas fuentes confirman que la defensa de Guerrero ha solicitado su puesta en libertad. De momento, el juez que dirige la instrucción del caso no ha tomado una decisión al respecto.
El caso, aún bajo secreto de sumario, sigue analizándose "minuciosamente" por parte de los agentes y la Justicia. Uno de los momentos más esperados, pues, era el de la entrega de los informes periciales del Instituto Armado sobre estos dispositivos. Sin embargo, solo se ha entregado parte del informe, esperándose que en próximos días o semanas se haga entrega por parte de los agentes de todo el material completo.
Será en ese momento cuando haya un 'escenario completo' sobre lo que recojan esas tarjetas móviles y esos discos duros, localizados durante los registros tanto en su domicilio particular como en la consulta privada y en el despacho del Hospital Universitario en las primeras horas posteriores a su detención, ocurrida a principios del presente año.
En concreto, a primera hora de la mañana del 11 de enero varios efectivos del Instituto Armado se personaron en el domicilio particular de Guerrero, para detenerlo y proceder al registro mencionado. Tras pasar 48 horas en los calabozos, compareció ante el juez, dictándose orden de prisión por parte del magistrado. Horas después, se acordaba su traslado a una prisión peninsular, donde sigue a la espera de posibles novedades en su situación.
La Ciudad Autónoma se personó como acusación particular, representada en la figura del abogado local Javier Izquierdo. Mientras, Guerrero ha cambiado ya en varias ocasiones de abogado. Tras los ceutíes Manuel Martínez Selva, Javier Cabillas y Luz Elena Sanín, a mediados del presente año optó por una experta penalista malagueña, Cecilia Pérez Raya, responsable de su defensa desde entonces.
