Gestión migratoria: El Consejo Económico y Social reclama reformas urgentes
El Consejo Económico y Social de España sitúa a la ciudad como territorio clave en la gestión de la migración y la atención a menores migrantes, en un informe que subraya la necesidad de un Pacto de Estado por la convivencia.
El último Informe sobre la Realidad Migratoria en España: Prioridades para las Políticas Públicas, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) y entregado por su presidente, Antón Costas, a la ministra Elma Saiz, sitúa a Ceuta como uno de los territorios más expuestos y estratégicos en el fenómeno migratorio nacional. La institución consultiva recuerda que la ciudad, junto con Melilla, está actualmente declarada en situación de contingencia migratoria extraordinaria.
Esta declaración se activa cuando una autonomía que actúa como punto de llegada de menores migrantes no acompañados supera por tres veces su capacidad ordinaria de acogida. En ese escenario, se habilita el traslado de menores a otras comunidades para aliviar la presión sobre los centros locales. En el caso ceutí, dicha presión es constante y está directamente vinculada a su posición fronteriza, donde las llegadas se producen frecuentemente atravesando la frontera terrestre.
El informe subraya que la atención inmediata —sociosanitaria, de acogida y material de urgencia— depende del Programa de Atención Humanitaria, esencial para garantizar las necesidades básicas de quienes acceden a la ciudad.
Una radiografía poblacional marcada por la singularidad fronteriza
Aunque España se ha convertido en uno de los principales países receptores de inmigración de la UE, Ceuta presenta un perfil demográfico particular. Según los datos del CES para 2025, el 13% de la población ceutí ha nacido en el extranjero, una proporción inferior al promedio nacional, situado en el 19%.
En el conjunto del país, la inmigración se consolida como motor demográfico y laboral, permitiendo sostener el crecimiento poblacional y rejuvenecer la estructura social. En 2024, 9,5 millones de personas nacidas en el extranjero residían en España y tres de cada diez individuos en edades productivas (20-49 años) eran de origen migrante.
Políticas sociales: Ceuta, un territorio con requisitos más estrictos
Uno de los elementos diferenciales que recoge el informe del CES es la regulación del acceso a las rentas mínimas autonómicas. En Ceuta, las personas extracomunitarias deben acreditar 24 meses de empadronamiento, incluyendo dos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. La mayoría de territorios españoles no establece diferencias en el tiempo mínimo de residencia entre población autóctona y migrante, lo que convierte a Ceuta en una excepción significativa.
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), el 14% de sus beneficiarios en la ciudad son personas de nacionalidad extranjera (datos a diciembre de 2024). En el conjunto del país, los extranjeros suponen el 17,6% de quienes reciben esta prestación.
España necesitará 2,4 millones de trabajadores migrantes en diez años
Una de las conclusiones más contundentes del informe señala que España requerirá 2,4 millones de trabajadores adicionales en la próxima década para mantener su capacidad productiva. La mayoría de esos empleos serán ocupados por personas migrantes, consolidando el papel estructural de la inmigración en la economía nacional.
Actualmente, los trabajadores migrantes representan el 21,3% de la población activa, aunque el informe denuncia importantes desigualdades: el 80% están empleados en ocupaciones con salarios por debajo de la media, y España registra la tasa más alta de sobrecualificación de la UE entre personas extranjeras (31,1%).
Brechas sociales y retos de integración: un desafío de país
A pesar de la mejora general en las condiciones de vida de la población migrante, el CES advierte de que más de la mitad de los extranjeros extracomunitarios siguen en riesgo de pobreza y que la sobreocupación de viviendas afecta al 19% de este colectivo (solo al 5,5% entre españoles).
En el ámbito nacional, las actitudes sociales también muestran señales de alerta: la percepción de la inmigración como uno de los principales problemas del país alcanzó el 18,5% en junio de 2025, situándose como el segundo problema más citado en las encuestas.
El CES pide un Pacto de Estado por la convivencia
El informe concluye con una petición clara al Gobierno y a las fuerzas políticas: un Pacto de Estado por la convivencia, que garantice políticas estructurales y no coyunturales para reforzar la integración, mejorar el reconocimiento de cualificaciones, facilitar el acceso a la vivienda y reducir las brechas laborales y sociales.
Ceuta, por su posición geográfica y su realidad diaria, es uno de los territorios donde esas políticas serán determinantes para garantizar un modelo de convivencia sostenible, justo y adaptado al siglo XXI.