16 de octubre de 2022, 14:33
La Consejería de Servicios Sociales reforzará la "protección que presta a las familias más vulnerables, usuarias de la ayuda al alquiler, incorporando como novedad en el borrador del nuevo Reglamento de Alojamiento Alternativo que este recurso, con el que la Ciudad contribuye al pago del alquiler a 250 familias, se pueda mantener por tiempo indefinido en determinados supuestos".
Así lo anuncia la Ciudad, que especifica que esto será así "siempre previa valoración por parte de los técnicos del área, de acuerdo a la nueva redacción del reglamento, la prestación no se extinguiría en el caso de que fueran beneficiarias unidades de convivencia formadas exclusivamente por mayores de 65 años y las familias en las que al menos uno de sus miembros padezca una enfermedad grave de carácter progresivo, irrecuperable, o con deterioro absoluto".
Igualmente el borrador," que pasará de nuevo el próximo miércoles, día 19, por comisión informativa, establece idéntica condición, es decir, su carácter indefinido, para aquellas unidades de convivencia en la que el miembro principal que obtenga ingresos haya sido diagnosticado de una incapacidad grave, que imposibilite al acceso al mercado laboral, sin que otro integrante de la unidad familiar pueda obtener ingresos".
Además, el texto, que tras pasar por la comisión informativa se elevará al Pleno de la Asamblea para su aprobación inicial, "acorta a 12 meses (en lugar de 18) el plazo a los usuarios que, una vez extinguida la prestación, quieren volver a solicitarla, exceptuando el tiempo de carencia para aquellas extinciones motivadas por una mejora económica, previo informe técnico, que justifique la necesidad de reingresar en la prestación".
En cuanto a los requisitos de los solicitantes, "el nuevo reglamento establece que debe estar empadronado de forma continuada con al menos dos años de antelación a la fecha en la que se ha solicitado la ayuda, si bien no tendrán que acreditar este extremo los ceutíes que hayan retornado, quienes trasladen su domicilio a Ceuta por ser víctimas de violencia de género o de terrorismo o quienes se trasladen por motivo laboral".
El acceso a la prestación "también cambia para las víctimas de violencia, que pueden acreditar su condición mediante sentencia condenatoria, orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima. También podrán acreditarse situaciones de violencia de género mediante informe de servicios sociales o cualquier otro servicio especializado".
Y en lo que respecta a las características de la vivienda a alquilar, "en el supuesto de que exista un impedimento para obtener de la cédula de habitabilidad deberá presentarse un documento que demuestre la eximente de cédula, para vivienda de primera ocupación o similar o el dictamen de la empresa de electricidad, agua o de técnico autorizado por estas que conste que la vivienda cuenta con los suministros indispensables para poder residir en ella.
La Ciudad destina este año 1,5 millones de euros al pago del alquiler y la propuesta es que en el Presupuesto de 2023 esta cifra se incremente en 250.000 euros, hasta 1,75 millones de euros, en aplicación del nuevo reglamento. Además, la Consejería ha previsto para el próximo año reservar otros 20.000 euros para alojamiento por emergencia".
Así lo anuncia la Ciudad, que especifica que esto será así "siempre previa valoración por parte de los técnicos del área, de acuerdo a la nueva redacción del reglamento, la prestación no se extinguiría en el caso de que fueran beneficiarias unidades de convivencia formadas exclusivamente por mayores de 65 años y las familias en las que al menos uno de sus miembros padezca una enfermedad grave de carácter progresivo, irrecuperable, o con deterioro absoluto".
Igualmente el borrador," que pasará de nuevo el próximo miércoles, día 19, por comisión informativa, establece idéntica condición, es decir, su carácter indefinido, para aquellas unidades de convivencia en la que el miembro principal que obtenga ingresos haya sido diagnosticado de una incapacidad grave, que imposibilite al acceso al mercado laboral, sin que otro integrante de la unidad familiar pueda obtener ingresos".
Además, el texto, que tras pasar por la comisión informativa se elevará al Pleno de la Asamblea para su aprobación inicial, "acorta a 12 meses (en lugar de 18) el plazo a los usuarios que, una vez extinguida la prestación, quieren volver a solicitarla, exceptuando el tiempo de carencia para aquellas extinciones motivadas por una mejora económica, previo informe técnico, que justifique la necesidad de reingresar en la prestación".
En cuanto a los requisitos de los solicitantes, "el nuevo reglamento establece que debe estar empadronado de forma continuada con al menos dos años de antelación a la fecha en la que se ha solicitado la ayuda, si bien no tendrán que acreditar este extremo los ceutíes que hayan retornado, quienes trasladen su domicilio a Ceuta por ser víctimas de violencia de género o de terrorismo o quienes se trasladen por motivo laboral".
El acceso a la prestación "también cambia para las víctimas de violencia, que pueden acreditar su condición mediante sentencia condenatoria, orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima. También podrán acreditarse situaciones de violencia de género mediante informe de servicios sociales o cualquier otro servicio especializado".
Y en lo que respecta a las características de la vivienda a alquilar, "en el supuesto de que exista un impedimento para obtener de la cédula de habitabilidad deberá presentarse un documento que demuestre la eximente de cédula, para vivienda de primera ocupación o similar o el dictamen de la empresa de electricidad, agua o de técnico autorizado por estas que conste que la vivienda cuenta con los suministros indispensables para poder residir en ella.
La Ciudad destina este año 1,5 millones de euros al pago del alquiler y la propuesta es que en el Presupuesto de 2023 esta cifra se incremente en 250.000 euros, hasta 1,75 millones de euros, en aplicación del nuevo reglamento. Además, la Consejería ha previsto para el próximo año reservar otros 20.000 euros para alojamiento por emergencia".
