El Gobierno se atrinchera en dar el hotel a Barceló pese a las advertencias de presunta prevaricación
La mayoría del PP en la mesa de contratación impide que se paralice el proceso de licitación mientras siguen candentes las acusaciones de prevaricación y las opciones de que el recurso prospere
El Gobierno sigue queriendo dar el hotel municipal Puerta de África a Barceló a pesar de las advertencias de que esa decisión supondría "prevaricar", al saltarse a la empresa contendiente mejor valorada en el concurso, Bulyba —que ha presentado recurso de reposición—, merced a un informe del interventor que se inventó un nuevo requisito no contemplado inicialmente en los pliegos. En la última reunión del Consejo de Administración de la sociedad hotelera pública, los tres concejales del PP votaron contra la paralización del proceso en una huida hacia adelante que aún podría darse de bruces con la resolución del recurso presentado por la empresa mejor calificada.
La negativa del Gobierno se sostiene sobre un informe técnico que advierte del riesgo de alargar en exceso los plazos del concurso si se atendiera ahora el recurso de reposición. Argumenta, además, que el hotel necesita obras con carácter urgente y que postergar la adjudicación podría comprometer su funcionamiento. Sin embargo, esta supuesta premura no aparece reflejada en el pliego, que concede al futuro adjudicatario varios años para ejecutar las reformas —un tiempo que, según la documentación de la licitación podría extenderse hasta tres años—, lo que deja en entredicho el fundamento técnico utilizado por el Ejecutivo para seguir adelante con la entrega a Barceló.
“Si ratifican el informe del interventor, prevarican”
La empresa Bulyba ya había advertido al Consejo de Administración en su recurso que respaldar el informe del interventor municipal implicaría incurrir en un acto de presunta “prevaricación”, al haber añadido este un requisito no recogido en los pliegos, aparentemente de manera deliberada, para sacar a la firma de la ecuación. No hay a su juicio en el informe base legal suficiente para descartarla de la competición, subrayando que el funcionario se limita a reproducir los argumentos de la Mesa de Contratación sin una evaluación crítica o independiente. Esto vulnerara para los recurrentes los principios de imparcialidad, objetividad y legalidad que deben regir cualquier proceso de licitación pública.
No se trata de una advertencia menor. En su último escrito, Bulyba recordaba que el interventor no se limitó a fiscalizar el procedimiento, sino que asumió funciones que no le correspondían, validando una propuesta que presenta “deficiencias graves” tanto en su justificación como en su tramitación. En este contexto, la empresa ha dejado claro que, si el Consejo ratifica ese informe para seguir adelante con la adjudicación, también incurriría en prevaricación. Aun así, el Ejecutivo ha optado por seguir adelante a pesar de las legítimas dudas planteadas por la empresa ganadora del concurso.
Una resistencia inexplicable a paralizar el proceso
Resulta difícil de justificar la prisa del Ejecutivo por cerrar la adjudicación mientras existe un recurso de reposición aún sin resolver. Ni el pliego impone una ejecución inmediata de las obras ni existe impedimento legal para atender el recurso y suspender temporalmente el proceso. Aun así, el Gobierno ha optado en este caso por avanzar, forzando los tiempos y apelando a criterios técnicos que no resisten una lectura rigurosa del expediente.
Una sensación que se agrava con los plazos que ha seguido la Administración en el propio proceso. Durante casi dos meses, según demuestra el avance del concurso en la Plataforma de Contratación del Sector Público, apenas se produjeron progresos, dando ese tiempo a los funcionarios para que realizaran sus cuestionados informes en contra de la adjudicación a Bulyba. Sin embargo, una vez enfilada la opción de entregar las llaves del hotel al Grupo Barceló —a cuyos representantes el propio ejecutivo hizo un tour guiado por las instalaciones antes de la licitación-, han surgido las urgencias.
El recurso, por resolver
El movimiento del lunes resulta significativo. El Gobierno de Vivas ha elegido seguir adelante, despreciando las advertencias jurídicas, ignorando los reproches técnicos de fondo y apostando por una estrategia de hechos consumados. Si el recurso fracasa, Barceló se hará con la gestión del único hotel municipal de Ceuta durante los próximos 25 años. Y si prospera, el Ejecutivo podría enfrentarse a una seria batalla judicial por haber perseverado en una adjudicación marcada desde el principio por la controversia.
En cualquiera de los dos escenarios, el daño reputacional y político ya está hecho. La operación ha quedado contaminada por la falta de transparencia, la resistencia a la fiscalización y la sospecha de que, más que un proceso competitivo y equitativo, ha existido desde el principio un empeño por legitimar la decisión previamente tomada.
Mientras tanto, Ceuta asiste a otro capítulo de una gestión municipal que convierte lo público en privado sin rendir cuentas con la debida claridad. La sombra de la prevaricación no ha desaparecido. Y la esperanza de que el recurso de Bulyba prospere es lo único que separa al Gobierno de un posible escándalo mayor.