A la misma hora que el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, se sentaba ante los medios de comunicación para ofrecer su rueda de prensa semanal, dos concentraciones de protesta se desarrollaban en diversos puntos de la ciudad, la primera muy cerca de la sala de prensa, a las puertas del Palacio Autonómico.
Era la correspondiente a quienes se sienten afectados por la exclusión de ciertas categorías profesionales en el Plan de Empleo, la mayor parte de ellas en el ámbito educativo. Una decisión que aseguran, apoyadas por algunos padres, no comprender, especialmente porque siguen siendo necesarias. A su situación se ha referido el portavoz del Ejecutivo a preguntas de los periodistas, recordando lo que ya manifestara hace algunos meses, cuando se anunció la reducción del personal educativo previsto para la nueva edición del Plan de Empleo. Y es que, ha insistido, “el Plan de Empleo lo gestiona la Ciudad pero los programas y perfiles recogidos son los que nos pide la Dirección Provincial de Educación”. Gaitán ha subrayado, además, que la Ciudad no tiene competencias en el ámbito educativo por lo que “nos ceñimos a las peticiones que nos realizan”.
Respecto a la segunda de las concentraciones sí que tiene competencias la Ciudad, pues no era otra que la de los trabajadores del servicio de limpieza del ICD, contratado con la empresa Hércules, que siguen reclamando el pago de las nóminas que se les adeudan. En este sentido, el portavoz del Gobierno ha explicado que este mismo viernes se ha mantenido una reunión entre la Gerencia del ICD y la empresa en la que esta última se ha comprometido a realizar el pago “a la mayor brevedad posible”.
Lo cierto es que no es la primera vez que los trabajadores de este servicio se ven afectados por una situación similar, si bien con otra empresa prestando el servicio. Interpelado por esta circunstancia y sus posibles causas, Alberto Gaitán ha relatado que la contratación se realiza ciñéndose a la normativa vigente, en la que el precio es el criterio principal, y que las empresas que acuden a la licitación tienen que tener la capacidad para gestionar el servicio. Los criterios para la adjudicación, ha insistido, son los que recoge la normativa y “a partir de ahí las empresas tienen que cumplir con sus obligaciones, los problemas que puedan darse ya escapan a esta administración”
