Pero una tras otra las diferentes licitaciones públicas que el mismo Gobierno ha ido poniendo en marcha para comprar material del mismo tipo vienen demostrando que hubo un sobreprecio notable en dicha compra. Y esto, según los argumentos esgrimidos por el propio consejero de Sanidad, Javier Guerrero, y la propia vicepresidenta del Gobierno, Mabel Deu. Lo último la adjudicación de unos lotes por parte de la Consejería de Sanidad que ha pagado ahora, concurso mediante, 8 veces menos por las mascarillas y 3 veces menos por los termómetros.
El pasado 16 de octubre en plena brote de la polémica Deu afirmó ante los medios que había otra licitación en marcha de la propia Consejería de Sanidad para comprar mascarillas cuyo precio de salida técnico era de 0,65 euros por unidad y añadió “es una licitación pública que está en procedimiento, pero si al abrir las ofertas se pudiera demostrar que el precio medio ofertado para la mascarilla 2R con índices de protección superiores fuese algo o bastante inferior, la Ciudad tratará por el procedimiento legal oportuno de no abonarlo”.
Pues de nuevo, ya se puede poner manos a la obra. Esa licitación a la que aludía Deu se ha resuelto con retraso, meses después, se ha publicado en la plataforma de contratación el pasado 7 de enero, a pesar de que la mesa de contratación resolvió el concurso el pasado 30 de noviembre. Y entre los diversos lotes se ha adjudicado uno de 20.000 mascarillas que podían ser del tipo I, II, o IIR por 1.600 euros, a la empresa Suministros Hospitalarios SA.
Traducido, por la vía del concurso, el Gobierno de la Ciudad ha pagado ahora 8 veces menos por cada mascarilla que lo que pagó en septiembre cuando las compró a dedo usando un decreto de emergencia a un concesionario de coches de El Cuervo en Sevilla. Ahora pagará por cada unidad 0,08 euros mientras que entonces pagó por cada una de las 400.000 mascarillas 0,64 euros. Entonces pagó por el total de las mascarillas 256.000 euros, al precio actual de este concurso hubiera pagado 32.000 euros, esto es pagó sólo por ese lote entonces 224.000 euros de más. Una cifra que eleva el cálculo hecho en su día del sobrecoste pagado por todos los lote por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta que es quien ha judicializado la compra y lo estimo para el total en 225.256 euros. Sólo esa cifra, aunque con matices que ahora explicaremos, se alcanzaría con las mascarillas.
Y es que uno de los argumentos en los que basó su defensa de que todo se había hecho bien el Gobierno fue el tipo de mascarillas adquiridas, las del tipo IIR, que se podían encontrar en el mercado, exactamente las mismas 102.400 euros más baratas. En el concurso ahora adjudicado, no se especifica que sean mascarillas de ese tipo y se abre la puerta a que sean del tipo I,, II o IIR (de menor a mayor protección) sin que conste en el acta de resolución ni en el decreto de adjudicación de que tipo son las mascarillas finalmente compradas ahora. Cabe decir que tampoco se especificaron condiciones técnicas en la compra realizada en El Cuervo de Sevilla.
Y las mascarillas no es lo único que esta licitación ha venido a demostrar que se pagó con sobreprecio al adjudicarlas a dedo por la vía de emergencia. En el concurso ahora fallado se incluía un lote de 50 termómetros digitales infrarrojos sin contacto. Algo que también se compró en su día al mismo proveedor sin concurso pagando 4.948,50 euros por 150 termómetros a 32,99 euros las unidad, también el mismo producto se podía encontrar 10 euros más barato en Internet. Pero es que en la adjudicación ahora resuelta se adquieren 50 termómetros de este tipo por 475 euros, esto es 9,5 euros por cada uno. De haberlos comprado a ese precio los 150 termómetros hubieran costado 1.425 euros ahorrando a las arcas públicas más de 3.500 euros, que se sumarían a los 224.000 euros del sobrecoste en mascarillas.
No es el primer caso que tiene el Gobierno para convencerse a sí mismo de que pagó de más por aquel lote sanitario comprado por la vía del decreto de emergencia. Antes incluso de esa compra y con posterioridad otras adjudicaciones por la vía del concurso ya demostraron que se podían obtener precios sensiblemente más económicos de los pagados. Si bien, esta licitación es a la que se refirieron tanto Guerrero como Deu como la prueba definitiva que diría si habían pagado sobrecoste o no. Lo pagaron.
