MDyC: “Ceuta no puede ser un daño colateral en el debate con Canarias”
Los localistas solicitan que se convoque “de manera urgente” la Sectorial de Menores que el Ministerio de Juventud e Infancia se comprometió a celebrar a primeros de año: “el estado de la cuestión debería ser garantizar la protección de los menores migrantes”
El Consejo de Ministros, celebrado en la mañana de hoy, ha aprobado una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, un cambio que, según Ángel Torres, ministro de Política Territorial y Administración Pública, responde a "una demanda histórica de los territorios fronterizos". Esta modificación, que promete dar "una respuesta estructural a la situación de los menores no acompañados, se presenta como una solución a la sobrecarga de los centros de acogida", que en lugares como Ceuta se encuentran excedidos al 400 por ciento de su capacidad.
Desde Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía valoran de forma positiva el anuncio del acuerdo del Gobierno de España para modificar la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes. Sin embargo, considera que “esta modificación debe abordarse desde una perspectiva humanitaria garantizando la protección del menor”.
Los localistas critican que la Sectorial de Migración celebrada este lunes volviera a “invisibilizar la situación en la que se encuentran los menores migrantes acogidos en la ciudad autónoma”, por lo que solicitan que se convoque de manera urgente la Sectorial de Menores que el Ministerio de Juventud e Infancia se comprometió a celebrar a primeros de año.
Desde la formación critican que “hablan de redistribución de menores como si de repartir patatas se tratara. Son personas y son menores, no una transferencia”, y consideran “imprescindible” que esta cuestión sea abordada principalmente por el Ministerio de Juventud e Infancia.
Desde Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía piden que Ceuta deje de ser un “daño colateral” en el debate “exclusivo entre Gobierno de España y Canarias”. Asimismo, reivindican y concluyen que “el estado de la cuestión debería ser garantizar la protección de los menores migrantes y dejar a un lado la crispación política por las luchas partidistas”.