MDyC denuncia que Servilimpce “abre la veda” a los reconocimientos extrajudiciales de deuda

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía -MDyC- ha criticado públicamente -en un comunicado remitido a los medios de comunicación- la gestión de la sociedad municipal Servilimpce por recurrir a un reconocimiento extrajudicial de deuda que asciende a 21.676,75 euros, correspondiente a facturas de seguros de vehículos de los meses de febrero, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre de 2025. Según los localistas, el grueso de los importes corresponde a los meses de verano, tiempo suficiente para haber tramitado los procedimientos de contratación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Los representantes del MDyC subrayan que “el hecho de que haya que abonar unos gastos en los que se ha incurrido no puede ser incompatible, ni pasar por alto, la responsabilidad política de quien lo autorizase” y anuncian que votarán en contra de esta propuesta, calificándola de “gestión negligente”. Asimismo, advierten de que no es aceptable que se pretenda responsabilizar al Consejo de Administración por rechazar esta gestión, ya que existen responsables políticos que no han asumido su responsabilidad.

En su comunicado, el MDyC denuncia la “mala praxis” de las sociedades municipales, que consiste en encargar servicios o suministros “sin el procedimiento legal habilitado para ello y, posteriormente, proceder a pedir al Consejo de Administración que lo convalide”. La formación localista critica que la gerencia de Servilimpce justifique la omisión de los procedimientos de contratación alegando que no se trató de “un acto de discrecionalidad arbitraria, sino la única respuesta materialmente posible ante una situación excepcional caracterizada por la obligación legal de prestar un servicio esencial, la inmadurez administrativa de una entidad recién creada y la falta de capacitación del personal en la compleja normativa de contratación pública”.

Para el MDyC, estas explicaciones resultan “inaceptables” porque las fechas de vencimiento de los contratos eran conocidas con antelación y la sociedad cuenta con dos juristas además del asesoramiento de la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Ceuta. “El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”, recuerdan, y advierten de que la “incapacidad” alegada por la gerencia debería tener consecuencias políticas.

Los localistas alertan además de que este no será el último reconocimiento extrajudicial de deuda “enmascarado como convalidación de gastos” que tendrá que afrontar la sociedad municipal, reflejo de la “mala planificación y organización” de la entidad. Por ello, insisten en que deben asumirse responsabilidades, tanto por parte del gerente como del consejero del área que tramita la propuesta, que según el MDyC consta de “apenas folio y medio”.

“Se trata de una praxis peligrosa, sobre todo cuando se abusa de la misma y se obvian los cauces legales, ya que podría ocultar interés en beneficiar a unas empresas o empresarios sobre otros. Precisamente el hecho de ser una sociedad municipal debería ser garantía de transparencia e igualdad en cualquier proceso de contratación”, concluyen desde la formación localista.