Este jueves han continuado los testimonios en relación a la causa que se instruye en el Juzgado número 2 de la Ciudad sobre la devolución de menores transfronterizos a Marruecos durante agosto del pasado año. Al posponerse el testimonio de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, al cinco de octubre, la jornada se ha saldado con la declaración de un responsable de la Policía Nacional y de la responsable del Área del Menor de la Ciudad Autónoma, Antonia Palomo.
Esta, y según la información facilitada por una de las acusaciones particulares,ha señalado que "jamás se reunió la Comisión competente de Infancia, y que tampoco se procedió a constituir formalmente la tutela o la guarda. Apunta a haber sido apartado de todo el proceso tras sus enfrentamientos con sus autoridades políticas y afirma que jamás se pidieron informes juríidicos". Además "no se hizo informe vulnerabilidad por parte de la Ciudad, reconociendo que es competencia exclusiva de un funcionario y avalando la tesis de como 'Save The Children' solo procede a iniciar acciones, sin ser responsable de emitir ningún informe de vulnerabilidad".
Esta entidad "no llegó quiera a hablar o entrevistar a los menores tutelados, a los que jamás se les prestó asesoriamiento jurídico, en la Ciudad Autónoma".
Por su parte, el representante de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha señalado que "no recibió jamás órdenes por escrito, afirmando y señalando a varios superiores que serán llamados como testigos" por la Red Española de Inmigración en el ejercicio de la Acusación particular.
Ante estas declaraciones, la Red señala que evaluará nuevas medidas y , "a raíz de los testimonios de hoy, proponer se llamen a nuevos testigos e, inclusive, se reserva el derecho , habida cuenta de la grave dejación en la contratación pública y su seguimiento de abrir otro proceso al constatar que jamás se respetó la normativa de infancia en ninguno de estos menores". La entidad, por otra parte, denuncia que "la Juez de instrucción ha bloqueado las preguntas sobre los fondos, su seguimiento y la contratación pública", por lo que pedirá y presentará " nuevas medidas al respecto dado las afirmaciones de algunos testigos que acreditan la falta de viabilidad y total inoperancia de instalaciones así como el nulo control y seguimiento de dichos servicios".
