Polémica en el SUAP: INGESA rompe el silencio tras la denuncia de un trabajador por denegación de permisos
INGESA aclara la normativa sobre permisos tras la denuncia de un enfermero del SUAP, asegurando que todos los trabajadores deben cumplir con la documentación exigida y los turnos establecidos, y que no se permitirán interpretaciones individuales ni excepciones.
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha emitido un comunicado oficial en el que aclara la normativa que regula las vacaciones, permisos y licencias del personal estatutario en Ceuta, en respuesta a la denuncia pública de un profesional del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).
En su nota, INGESA subraya que la legislación vigente es “imperativa, exhaustiva y de obligado cumplimiento”, sin margen para interpretaciones individuales, excepciones o desviaciones. Según el organismo, no se trata de desestimar permisos, sino de "exigir la documentación acreditativa prevista para cada supuesto, tal como establece el marco normativo".
El comunicado detalla que el turno del SUAP, divulgado recientemente, comprende 16 horas de lunes a viernes, en horario de 17:00 a 09:00, y 24 horas los fines de semana y festivos, en horario de 09:00 a 09:00, con un cómputo anual de 1.524 horas. Tras cada jornada, el personal dispone de tres días libres antes de reincorporarse al turno siguiente. INGESA subraya que los permisos se conceden únicamente tras la presentación de la documentación exigida, y cita el caso del trabajador recientemente denunciado: “Solo tras reiteradas solicitudes, y cuando finalmente entregó la acreditación, pudo validarse su permiso sin detraer días”.
El organismo añade que todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar de sus permisos y vacaciones, pero deben cumplir con su jornada y turnos ordinarios. La falta de documentación o incumplimiento genera “cargas adicionales de gestión” y obliga a requerimientos formales. INGESA insiste en que no permitirá que los permisos se utilicen como instrumento discrecional ni que se altere la normativa en beneficio de intereses particulares.
Denuncia del trabajador del SUAP
El enfermero del SUAP denunció públicamente que la Dirección de Atención Primaria habría vulnerado sus derechos reconocidos por ley en varias ocasiones, y señaló que su caso representa un problema estructural que arrastra el servicio desde hace más de quince años.
Entre los puntos señalados, destaca la denegación de un permiso de cinco días hábiles por hospitalización de un familiar, a pesar de estar reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). El trabajador criticó que se le exigiera disfrutar del permiso “dentro de los siete primeros días del ingreso”, un criterio administrativo sin validez legal que, según él, no se aplica a otros funcionarios.
El profesional también denunció que la segunda denegación del permiso provocó una situación crítica en la atención sanitaria: tuvo que afrontar una guardia de 16 horas en solitario mientras su padre seguía ingresado, con dos consultas abiertas sin refuerzos, lo que, según advierte, podría haber dejado al SUAP sin cobertura en caso de emergencia.
Además, señaló desigualdades históricas en el servicio, como menor complemento por nocturnidad y festivos en comparación con el Hospital Universitario, y problemas en la gestión de días por antigüedad que se pierden por la organización a turnos. Según el denunciante, la Dirección ha reconocido estas desigualdades, pero no se han adoptado medidas correctivas en más de quince años.
El trabajador subraya que su reclamación no busca privilegios, sino que se cumpla la ley y se garantice un trato igualitario para todo el personal: “No quiero privilegios. Quiero que se cumpla la ley. Y que ningún compañero vuelva a pasar por esto”, concluye.
Sin embargo, INGESA asegura que continuará aplicando el marco normativo de forma uniforme y sin privilegios, recordando que la transparencia, el rigor y la coherencia normativa son principios de gestión que garantizan la equidad entre todos los trabajadores. La institución advierte que no admitirá desviaciones ni intentos de reinterpretar la normativa de manera unilateral, manteniendo la obligatoriedad de los pactos alcanzados y la documentación exigida para permisos y licencias.