El PP denuncia una “grave anomalía democrática” y exige votar las enmiendas vetadas
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha solicitado formalmente la reconsideración de la decisión adoptada por la Mesa de la Cámara Baja el pasado 24 de marzo, que impidió la tramitación de dos enmiendas incorporadas por el Senado a la proposición de ley orgánica sobre multirreincidencia. La petición, presentada mediante un escrito firmado por su portavoz, Ester Muñoz, reclama la anulación de dicho acuerdo y la reactivación del procedimiento legislativo.
Las enmiendas en cuestión habían sido aprobadas por mayoría absoluta en el Pleno del Senado el 18 de marzo. Según el Partido Popular, estas medidas incluyen, por un lado, el refuerzo de la estructura del Ministerio Fiscal y, por otro, la incorporación de iniciativas orientadas a evitar la impunidad y reforzar la seguridad ciudadana, especialmente en relación con la multirreincidencia.
El PP considera que la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de aceptar el veto del Gobierno constituye una “grave anomalía democrática”. En su escrito, califica la actuación de “arbitraria, extemporánea e inconstitucional”, al entender que contradice la doctrina del Tribunal Constitucional y vulnera el procedimiento legislativo.
El grupo parlamentario sostiene que el Ejecutivo no ha justificado adecuadamente el impacto presupuestario de las enmiendas, requisito necesario para ejercer su derecho de veto. Además, argumenta que el Gobierno no puede vetar enmiendas ya aprobadas por el Senado, ni la Mesa del Congreso impedir su debate y votación en el Pleno, ya que, a su juicio, ello vulnera el principio de separación de poderes y el papel legislativo de las Cortes Generales.
Asimismo, el PP advierte de que esta decisión limita el derecho de los diputados a ejercer su función representativa y afecta al derecho de los ciudadanos a la participación política recogido en la Constitución.
Por todo ello, el Grupo Popular solicita la anulación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso y la retroacción del procedimiento legislativo, con el objetivo de que el Pleno pueda debatir y votar íntegramente las enmiendas sobre seguridad y multirreincidencia.