El Ministerio de Fomento ha prorrogado por cuatro años más, también prorrogables, el convenio que mantiene con la Ciudad Autonoma y el SEPES, la Entidad Pública Empresarial de Suelo, para la construcción de unas 90 viviendas de protección oficial en Loma Colmenar.
El contrato para la redacción del proyecto de ejecución de las 90 viviendas fue suscrito en fecha 22 de octubre de 2019 tras declararse desierta una primera licitación. Esta incidencia, que supuso un retraso de la programación inicial, motivó, a instancias de la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control del convenio, la necesidad de actualizar el Programa de actuación para adaptarlo a la nueva situación, ajustando igualmente las anualidades inicialmente previstas, y a este efecto se suscribió Acta de la Comisión el 13 de noviembre de 2019.
Tras el correspondiente procedimiento de contratación llevado a cabo por SEPES, el contrato de obras fue suscrito con la empresa adjudicataria el 20 de septiembre de 2021, por un importe de 10.009.601,38 € y un plazo de ejecución de 22 meses, contados desde el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, que tuvo lugar el 18 de octubre de 2021.
No obstante, en abril de 2022 la empresa adjudicataria solicitó formalmente a SEPES la resolución del contrato, habiendo sido desestimada su solicitud por los motivos que constan en el expediente de contratación. Interpuesto recurso de reposición por la empresa adjudicataria, el Consejo de Administración de SEPES del 27 de julio de 2022 acordó la desestimación de dicho recurso.
En el momento actual, octubre de 2022, el importe de obra certificada asciende a la cantidad de 13.364,79 € (IPSI excluido), frente al importe de 4.786.617,84 € (IPSI excluido) fijado para dicho mes por el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista de las obras y que forma parte del contrato de obras.
Así las cosas, y toda vez que de conformidad con lo establecido en las Estipulaciones Décima y Duodécima el convenio finalizará su vigencia el 27 de diciembre de 2022 (cuatro años después de su publicación en el BOE), se plantea la necesidad de prorrogarlo por cuatro años adicionales, por cuanto los plazos y anualidades previstos el 13 de noviembre de 2019 por la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control se ven claramente superados por las circunstancias expuestas.
La Estipulación Décima del Convenio especifica la siguiente en este sentido:
"El presente Convenio estará vigente durante el plazo de cuatro años de conformidad con lo establecido en la estipulación duodécima.
No obstante, podrá ser objeto de prórroga, siempre que, previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten preceptivos, ésta se formalice entre las partes mediante la firma de la correspondiente Adenda en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior y su duración no se extienda hasta más allá de cuatro años adicionales, de conformidad con lo previsto en el art. 49.h).2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público."
