El PSOE exige transparencia y rigor en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones
Reclaman al Gobierno del PP que informe sobre el estado del proyecto y evite una implantación “meramente testimonial”.
Los socialistas ceutíes alertan de que la ZBE “no es una opción voluntaria”, sino una obligación legal y un compromiso con la Unión Europea para avanzar hacia una movilidad sostenible
El PSOE pide información completa sobre el proyecto de la ZBE en Ceuta
Ceuta, 14 de octubre de 2023. El PSOE de Ceuta ha anunciado que solicitará formalmente al Gobierno de la Ciudad toda la información relativa a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un proyecto incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado con fondos europeos Next Generation EU.
Desde el partido, advierten que el Ejecutivo local del Partido Popular pretende poner en marcha la medida “de forma testimonial”, algo que podría poner en riesgo la financiación europea y comprometer la credibilidad de Ceuta ante la Unión Europea.
“La ZBE es una obligación legal, no una opción”
La secretaria de Política Autonómica del PSOE ceutí, Raquel Miaja, ha recordado que la creación de Zonas de Bajas Emisiones “no es una opción voluntaria, es una obligación legal para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y una condición impuesta por la Unión Europea para avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, reducir la contaminación atmosférica y proteger la salud pública”.
Miaja ha subrayado que el incumplimiento de esta exigencia podría tener “consecuencias graves para la ciudad y para el acceso a fondos europeos futuros”.
Retrasos e incertidumbre en el calendario
El PSOE recuerda que, según declaraciones del consejero responsable el pasado mes de junio, la ordenanza de la ZBE debía presentarse antes del verano de 2025 para su aprobación en el Pleno de la Asamblea. En ese momento, el Ejecutivo explicó que estaba a la espera de informes de la Policía Local, del área de Urbanismo, y de un proyecto técnico y borrador de ordenanza.
“Estamos en octubre y la ciudadanía sigue sin tener información alguna sobre el estado del proyecto. No se ha presentado ningún documento ni se ha abierto el periodo de alegaciones públicas, como establece el procedimiento”, lamenta Miaja.
Además, recuerda que el consejero llegó a afirmar que la implantación sería “testimonial”, lo que ha generado preocupación en el PSOE ante la posibilidad de que la falta de ambición y planificación suponga un incumplimiento de las exigencias europeas.
Antecedentes de mala gestión
Los socialistas advierten que no es la primera vez que la Ciudad pierde oportunidades por “falta de planificación”. En enero de 2023, Ceuta ya desistió de una actuación valorada en dos millones de euros dentro de los proyectos del PRTR destinados a la peatonalización.
“Este Gobierno ya nos está poniendo en bastantes aprietos con su nefasta gestión”, ha señalado Miaja, citando las constantes prórrogas del Centro de Crisis o el retraso en la nueva Escuela Infantil de Loma Colmenar.
La dirigente socialista recordó también que el 8 de octubre el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Movilidad Sostenible, uno de los compromisos del Plan de Recuperación, que introduce nuevas obligaciones como la revisión de las etiquetas medioambientales que determinan qué vehículos pueden acceder a las ZBE. “Ceuta ni siquiera cuenta aún con esta zona”, criticó.
Transparencia, planificación y participación ciudadana
El PSOE exige al Ejecutivo local que informe con claridad sobre las actuaciones financiadas con cargo al PRTR, el diseño de la ZBE, el estado de ejecución de los trabajos y las fechas de entrega. También piden conocer los resultados de las mediciones de contaminación atmosférica, el borrador de la ordenanza municipal y si se ha solicitado o se prevé solicitar una prórroga o reprogramación ante el Ministerio, “como ya han hecho otras comunidades”.
Para el partido, la implantación de la ZBE representa una oportunidad histórica para Ceuta, que permitiría reducir la contaminación, mejorar la movilidad peatonal y ciclista e impulsar la electrificación del transporte público y privado.
“Queremos que el Gobierno actúe con transparencia, publique los documentos técnicos y jurídicos y abra un proceso participativo real con vecinos, comerciantes y colectivos sociales antes de adoptar decisiones que afectarán al conjunto de la ciudad”, concluye Miaja.