El PSOE lamenta el rechazo a sus enmiendas: acusa al Gobierno de mantener la rigidez en las prestaciones sociales

El PSOE ha denunciado el rechazo por parte del Gobierno local a la mayoría de sus enmiendas al Reglamento de Prestaciones Económicas de los Servicios Sociales, un documento que considera clave para la protección de las familias vulnerables en la ciudad.

Según han explicado los socialistas, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha desestimado prácticamente todas sus propuestas, aceptando únicamente modificaciones parciales y dejando fuera los cambios estructurales que, a su juicio, habrían permitido mejorar el sistema. “El Gobierno elige mantener un sistema rígido que deja desprotegidas a las familias más vulnerables”, ha lamentado Raquel Miaja, responsable de Política Autonómica de los socialistas ceutíes.

Criterios de evaluación cuestionados

Uno de los principales puntos de discrepancia, ha explicado, es el mantenimiento del criterio de “signos externos y formas de vida” para evaluar los ingresos de los solicitantes, una fórmula que el PSOE califica de “subjetiva y arbitraria”. Según Miaja, este sistema “vulnera la seguridad jurídica” y abre la puerta a valoraciones desiguales basadas en la apariencia.

El partido también ha criticado que no se hayan reducido los plazos de resolución de las ayudas, que se mantienen en tres meses. A su juicio, este periodo resulta excesivo en situaciones de emergencia social, y lamentan que el Gobierno haya rechazado mecanismos propuestos para agilizar los trámites. Otra de las quejas señaladas por el PSOE se centra en la negativa a incorporar nuevas líneas de apoyo, como ayudas específicas en materia de salud mental, ya que sostienen que los convenios existentes no garantizan un acceso universal y dejan fuera a muchas familias en situación de exclusión.

Reclamaciones sobre inclusión y gestión administrativa

Los socialistas han denunciado, además, que propuestas relacionadas con el apoyo a jóvenes y la inclusión digital hayan sido derivadas a otros organismos, como IMIS o PROCESA, sin un análisis profundo, mientras que en el ámbito administrativo, también lamentan el rechazo a medidas destinadas a introducir criterios más objetivos, reforzar los mecanismos de control y flexibilizar los plazos de justificación de las ayudas, decisiones que, según el partido, evidencian una falta de voluntad para mejorar la transparencia del sistema.

Pese a todo ello, el PSOE ha reconocido que algunas de sus propuestas han sido parcialmente incorporadas, como la deducción del 50 por ciento de los gastos de hipoteca o alquiler en el cálculo de ingresos, la protección de víctimas de violencia LGTBIfóbica en el empadronamiento o la inclusión de determinados electrodomésticos en las ayudas. Esto, sin embargo, no hace que el balance sea positivo.

Desde el PSOE consideran que el nuevo reglamento mantiene un modelo rígido que no responde a las necesidades actuales. “Ceuta necesitaba un sistema más ágil y centrado en las personas, pero el Gobierno ha optado por el inmovilismo”, ha concluido Miaja, quien ha asegurado que su partido seguirá reclamando cambios que sitúen a las familias en el centro de las políticas sociales.