Un nuevo frente judicial se cierne sobre la Ciudad y la Autoridad Portuaria. Según ha podido saber Ceuta Televisión, ambos entes han sido denunciados ante el Supremo por prevaricación, ya que ofrecieron las mismas explicaciones tanto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un caso en el que el tribunal local primero, y el Superior andaluz, después, fallaron en contra de la Ciudad. El asunto es la denegación de la licencia de operatividad a la empresa Biocarburantes del Estrecho S.L.
Esta empresa pretendía instalar en Ceuta una fábrica de biodiesel, justo en los terrenos recientemente conectados por DUCAR entre los diques de Poniente y Levante. Representantes de la misma estuvieron en Ceuta hace unos días presentando alegaciones a un reglamento de la Ciudad que declara como insalubre esa actividad. De hecho, el Boletín Oficial de la Ciudad en su edición del pasado martes publica una resolución del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en el que se habla del plazo de nueve días para presentar alegaciones ante un procedimiento abierto por Biocarburantes precisamente contra ese reglamento.
Biocarburantes del Estrecho entiende que la obra de conexión entre diques se ha realizado en un terreno que no corresponde a la DUCAR, sino a la empresa que en su día pretendió instalar una planta de biodiesel en Ceuta, según una sentencia del Tribunal Superior Andaluz. Fuentes cercanas a la empresa dicen a Ceuta Televisión que se ha dejado actuar a DUCAR en, al menos, 800 metros de parcela que corresponden a Biocarburantes del Estrecho y que les consta que se habrían recubierto con hormigón algunas partes en lo que se considera como una maniobra oscurantista.
El proyecto surgió hace aproximadamente una década cuando Biocarburantes del Estrecho pretendió poner en marcha una empresa para fabricar biodiesel en Ceuta. La Ciudad denegó la actividad, al considerarla insalubre en base a lo establecido en un reglamento de 1970, pero la empresa se acogió a que en 1997 se modificó precisamente ese decreto.
Según las fuentes consultadas, a lo largo de los próximos meses el Supremo podría emitir un fallo inapelable. Los costes podrían alcanzar los 360 millones de euros en el mayor de los casos.
