La caja fuerte propiedad del que fuera delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, Luis Vicente Moro, ha sido registrada por efectivos de la Guardia Civil en días pasados en el marco de las investigaciones de la denominada Operación Lezo, según informa el diario El Confidencial. El registrohabría sido en búsqueda de dinero perteneciente al principal encarcelado en esta operación, el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
La citada información periodística señala que el registro se ha practicado ante la “holgada capacidad” de mover fondos por parte de Moro Díaz. El registro no dió resultados al encontrar dicha caja vacía. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habría llegado al domicilio . Ya durante el pasado mes de abril, los agentes entraron en casa de Moro, dada su estrecha amistad con Ignacio González y algunas conversaciones telefónicas intervenidas. Entre la documentación que se llevaron los agentes, unas anotaciones de la mujer, María del Carmen Velasco, en las que mencionaba que había sacado algo de una caja a su nombre. La pista de ese “algo” llevó hasta una oficina del Banco Popular en la calle Ortega y Gasset, donde se produjo el registro.
No es la primera vez que los numerosos escándalos del ex presidente madrileño acaban salpicando a Moro Díaz, consejero de Caja Madrid y encargado supuestamente de asesorar a González en el montaje de la red de espionaje ilegal a altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre. Ambos coincidieron en el organigrama del Ministerio de Interior siendo Moro delegado del Gobierno en Ceuta y González secretario de Estado de Inmigración. Ya durante su época en Ceuta, Moro -que fuera asesor del ex vicepresidente Abril Martorell y delegado del Gobierno en Palencia- tuvo que hacer frente a dos juicios: uno en 1998 por la devolución ilegal de menores marroquíes y otro por idear un informe falso para desprestigiar al presidente de la Audiencia, Fernando Tesón. Del primer juicio salió absuelto y del segundo condenado a 21 años de prisión y cuatro de inhabilitación para cargo público.
