El regreso a las mascarillas, una posibilidad
El Ministerio de Sanidad podría volver a poner en marcha, en próximos meses, una de las medidas estrellas durante la pandemia; la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios, ante el posible repunte de casos de contagio tanto de gripe como de COVID-19.
Los técnicos del Ministerio de Sanidad darán a conocer, este viernes, un documento con varias medidas a cumplir en caso de que repunten (como se prevé) el número de casos tanto de gripe como de COVID 19 en los próximos meses. Unas medidas entre las que se incluye el posible regreso al uso obligatorio de mascarillas para acceder a centros sanitarios.
La ministra, Mónica García, ya anticipó que "las mascarillas son una de las recomendaciones que se barajan para afrontar la próxima temporada de virus respiratorios" y ha confiado en “no tener que intervenir” como el año pasado porque está segura de que "todas las comunidades cumplirán con ellas".
Será el viernes, cuando se reuna la Comisión de Salud Pública, cuando se conozca si el uso de mascarillas para visitas a hospitales o centros de salud. De momento, y según publica la Agencia EFE, "el documento que preparan recogerá una serie de indicadores que permitan caracterizar la situación epidemiológica en función del riesgo de transmisión, gravedad, tasa de incidencia y tasa de hospitalización, ingreso en UCI o letalidad; sobre ellos, se diseñarán escenarios a los que se vincularán una serie de recomendaciones para reducir los estragos de los contagios" en caso de que la prevalencia sea mayor que en años anteriores.
El objetivo es que "no nos pille el toro, como ocurrió el pasado año", admite la ministra, en referencia a un gran incremento de casos que tuvo lugar durante el invierno anterior, por lo que tuvo que decretarse el regreso a las mascarillas para entrar en hospitales, consultas médicas o centros de salud.
Gacía confía en que un documento que se apruebe de modo consensuado "se cumpla" en todas las autonomías. En el caso de Ceuta y Melilla, como es sabido, la encargada de decretar la obligatoriedad sería la propia García, al ser la gestora de los únicos territorios sobre los que el Ministerio aún conserva competencias directas.