Las afirmaciones de Marruecos en un escrito a la ONU en las que se refiere a Ceuta y Melilla como "ciudades presidio" ya tienen respuesta por parte del Gobierno de España. El presidente Sánchez, en el Congreso: "Ceuta y Melilla son España, punto". Así se ha mostrado tras ser inquirido por la portavoz y secretaria general del PP, Concepción "Cuca" Gamarra.
La que fuera alcaldesa de Logroño había instado a Sánchez, en los minutos previos a su comparecencia a "dar cumplida respuesta a la carta que Marruecos ha remitido a la ONU, en la que asegura que no tiene fronteras terrestres con España. Debe defender la soberanía nacional y la integridad territorial de España. Afirme usted que el posicionamiento de Rabat es rotundamente falso", pidió la portavoz del PP.
El presidente hizo esta mención a la realidad de Ceuta y Melilla en una intervención esperada. No por la pregunta de Gamarra, sino porque hizo alusión a las nuevas medidas para luchar contra la pobreza energética. Unas medidas que, según el Gobierno, "repercutirán en el 40% de los hogares españoles y supondrán una movilización de 3.000 millones de euros adicionales de los Presupuestos Generales del Estado".
Por un lado, "se reforzará el Bono Social Eléctrico para beneficiar a 1,3 millones de hogares, incrementando un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentando el porcentaje de descuento hasta el 65% y 80% para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente. También se creará temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas, para los hogares trabajadores con bajos ingresos. Con ello, se llegará a 1,5 millones de hogares adicionales".
El Bono Social Térmico en 2022 y 2023 "se reforzará para los hogares vulnerables, duplicando el presupuesto en ambos ejercicios. Esto permitirá elevar el importe de la ayuda mínima a 40 euros (equivalente al coste de dos bombonas de butano) y duplicar el importe de la ayuda media hasta los 375 euros por hogar aproximadamente", señala el Ejecutivo.
Otra medida relevante se dirigirá a controlar los gastos en calefacción y agua caliente en 1,7 millones de hogares que cuentan con calderas de gas comunitarias: se extenderá la protección que ya otorgan las tarifas reguladas (TUR 1, 2 y 3) a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calderas centralizadas de gas natural, creando una nueva tarifa regulada para la que se limitará hasta finales de 2023 el incremento trimestral de precios. Alrededor de 1,7 millones de hogares se beneficiarán de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían en el mercado con las ofertas actuales.
