Para el secretario todo está bien y tira abajo el recurso del PSOE por la compra del albergue

El Gobierno de Ceuta ha tirado abajo por completo el recurso de reposición presentado por el PSOE contra la licitación para la compra de un edificio que sirva de albergue para personas sin hogar. Los socialistas -que criticaron en pasadas semanas los defectos del concurso, llegando a tildarlo de "dirigido"- presentaron una larga lista de supuestas causas de nulidad, que, no lo son para el funcionario encargado de firmar la respuesta municipal. El proceso sigue en consecuencia adelante. 

En la respuesta del Ejecutivo, a la que ha tenido acceso este medio, el secretario duda incluso de la legitimación del partido para recurrir. "Un concejal podría tener legitimación si la licitación afecta a un barrio que representa, y se demuestra que la licitación perjudica los intereses de ese barrio. Sin embargo, si simplemente se trata de una crítica política a la licitación, sin un perjuicio directo y personal, no tendría legitimación”, se puede leer literalmente en la contestación. 

Baile de competencias y apoyo de Procesa

A pesar de ello, el funcionario opta por continuar un análisis en profundidad del texto de alegaciones, pasando seguidamente a negar que haya habido un baile competencial, como sí cree que ocurre el PSOE. En concreto, consideran que el competente para gestionar patrimonio es el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez y no la de Hacienda, Kissy Chandiramani. 

A juicio del secretario municipal, "se puede deducir fácilmente que se trata de competencias compartidas entre varias consejerías que no son incompatibles con el hecho de que la Consejería que tenga que acudir a notaría sea finalmente la de Fomento a solicitud de la de Hacienda una vez finalizado el expediente y comprobado que el adjudicatario ha cumplido con los compromisos establecidos".

Despacha seguidamente el funcionario otro de los puntos de fricción que cuestiona el PSOE, el encargo de la gestión a Procesa. Para él, no pasa de un mero "apoyo técnico", lo que no vulnera en ningún caso la legalidad. "No existe un solo trámite en el expediente que deba ser realizado por funcionario público que no haya sido realizado por los mismos", subraya el secretario.

Por tanto, para él, en el caso de la licitación presente, se ha cumplido "con lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas con la recomendación de que los trabajos encomendados se ciñan a tareas técnicas de Apoyo o a la realización de actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa". 

Sin informe pericial 

El recurso presentado por los diputados socialistas afea que se haya omitido la realización de un informe pericial, subrayando que lo presentado por el Ejecutivo, un 'Informe justificativo del precio', "que despacha la valoración del inmueble en trece líneas llenas de imprecisiones", no es "nada parecido a lo exigido en la normativa patrimonial". Para ellos, "se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido, al ser el informe pericial, tasación y estudio de mercado, absolutamente imprescindibles". 

Tampoco lo ve así el secretario, quien indica que "en el momento previo a la licitación no hay objeto material definido, por lo que es de cumplimiento imposible emitir un informe pericial". Invoca entonces la doctrina del Tribunal Supremo que aboga por visitas personales al bien a comprar como garantía de una adecuada peritación. 

A renglón seguido, el texto da pistas de lo que podría pasar en este caso. Pues el procedimiento que, entiende el secretario, debe seguirse, es abrir las plicas, visitar entonces o todos los inmuebles ofertados o el que tenga más posibilidades de ser elegido y ver entonces si el valor catastral está por encima o por debajo de la propuesta económica, para adjudicar o paralizar el proceso. 

Memoria justificativa o tesis doctoral 

Pasa rápido la respuesta municipal por otra de las cuestiones alegadas por los socialistas, que el pliego diga que la instalación debe tener "preferiblemente la condición de edificación existente". Entendiendo que de esta forma podrían ofrecerse inmuebles no edificados. 

"La no existencia por parte de los licitadores o potenciales licitadores de una solicitud de aclaración al respecto, parece que es señal de que han entendido perfectamente el objeto del contrato y de las potenciales condiciones en que se puede encontrar lo propuesto, sin llegar a los subterfugios lingüísticos que generan los recurrentes", espeta el secretario, que se atreve incluso a citar a la Real Academia de la Lengua en su réplica.

La siguiente cuestión, tratada más a fondo, es la ausencia de una memoria justificativa. Otra de las causas de nulidad que ven los socialistas en el proceso. Para ellos "la memoria que consta en el expediente, no es justificativa, sino que como reza en su título es 'descriptiva' no se sabe muy bien de qué" y se reduce a un corta y pega.  

"Solo dice, y lo titula como objeto del contrato, que la necesidad de llevar a cabo este contrato, surge por la carencia de este tipo de instalaciones y la grave crisis migratoria que padece la Ciudad en los últimos años, limitando la capacidad de atención a un sector de población vulnerable por situaciones sobrevenidas. No desarrolla la cuestión de la grave crisis migratoria con datos oficiales, ni cuantifica la población vulnerable, ni el tipo de atención que se pretende", advierte el PSOE. 

Frente a esto, el funcionario defiende que la memoria cumple todas las condiciones normativas y hurga en la postura socialista: "Pretender como pretenden los recurrentes hacer una tesis doctoral sobre este tipo de instalaciones y la crisis migratoria y población vulnerable, cuando es una decisión tomada por instancias superiores a las de la Ciudad, responsables del diseño del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) y de su puesta a la aprobación por la Comisión Europea, es cuanto menos ineficaz e inútil", zanja. 

Condiciones arbitrarias 

Los representantes del PSOE, que vienen sugiriendo una licitación dirigida, argumentan en el siguiente punto de su recurso la arbitrariedad de las condiciones marcadas para el edificio a adquirir. Entienden que no se justifican en el pliego cuestiones como por qué debe tener 600 metros cuadrados o que se vaya a atender allí a 45 personas si no hay un censo de vecinos sin hogar. 

Cuestionan los socialistas el Pliego de Prescripciones Técnicas y echan en falta un informe urbanístico de Fomento, lo que según la contestación municipal es entrar en el terreno de las "opiniones". Tira a continuación nuevamente de retranca para criticar la postura de los recurrentes y zanja: "La insistencia en la solicitud de nulidad de todas y cada una de las actuaciones que expresan los recurrentes, lejos de reforzar su razonamiento, lo debilita, debiendo este órgano una vez más en este punto no acceder a la solicitud". 

Clausulas oscuras 

Para concluir con la respuesta al recurso, el secretario defiende el baremo planteado para catalogar el estado de los edificios o que por un puñado de metros cuadrados por encima de los 600 de base se incremente notablemente la puntuación, facilitando que el contrato acabe siendo adjudicado a quien presente un inmueble ligeramente más grande. 

Finalmente, dentro de las llamadas por los recurrentes "cláusulas oscuras", el texto entra a valorar una de las cuestiones más debatidas. Que se haya puesto como condición que las instalaciones a adquirir estén a una distancia máxima de la Unidad de Conductas Adictivas. Algo que parece acotar mucho quien puede acabar resultando adjudicatario y podría a juicio del PSOE vulnerar la objetividad y transparencia del procedimiento. 

Pues bien, esta tampoco es una causa de nulidad para el secretario: "La opinión de los recurrentes no deja de ser una opinión acerca de la conveniencia o no de la proximidad de este servicio a los equipos de intervención ni aportan ningún dato de que la situación de dichos equipos en otros casos sea la más conveniente", concluye.