El Senado lleva al Constitucional al Gobierno por no presentar los Presupuestos Generales de 2026
La Cámara Alta considera que esta omisión vulnera sus competencias, debilita el control parlamentario y supone un hecho institucional de especial gravedad sin precedentes recientes.
El Senado ha presentado formalmente ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Gobierno de España por no haber elaborado ni remitido al Congreso de los Diputados el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado -PGE- para el año 2026, tal y como establece la Constitución.
La iniciativa fue aprobada por el Pleno de la Cámara Alta el pasado 22 de octubre, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, después de que el Gobierno no respondiera al requerimiento formal remitido por el presidente del Senado, Pedro Rollán, en el que se solicitaba el cumplimiento de esta obligación constitucional.
Ante la falta de contestación por parte del Ejecutivo, el Senado ha decidido dar un paso más y acudir al Tribunal Constitucional, al considerar que la ausencia de Presupuestos supone una lesión grave de sus competencias y del normal funcionamiento del sistema parlamentario.
Una vulneración de la Constitución
Según la Cámara Alta, el Gobierno estaría incumpliendo varios preceptos de la Constitución, entre ellos el artículo 134, que obliga al Ejecutivo a presentar anualmente el proyecto de Presupuestos, y el artículo 66, que reconoce a las Cortes Generales la función de examinar, enmendar y aprobar las cuentas públicas.
El Senado denuncia que la no presentación de los PGE impide al Parlamento ejercer su control democrático sobre la acción del Gobierno, limita el debate político y bloquea la capacidad de los senadores para participar en una de las funciones clave del sistema democrático: la aprobación del presupuesto del Estado.
Asimismo, la Cámara considera que el Ejecutivo está haciendo un uso abusivo de la prórroga presupuestaria, manteniendo en vigor los Presupuestos de 2023 sin someterlos a debate parlamentario, lo que, a su juicio, vulnera el principio de anualidad presupuestaria y permite introducir modificaciones al margen de las Cortes.
Un conflicto institucional sin precedentes
El Senado subraya que se trata de un hecho institucional de especial gravedad, sin precedentes recientes, ya que afecta directamente al equilibrio entre poderes y a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Además, la Cámara Alta vincula la falta de Presupuestos con la confianza parlamentaria otorgada en la investidura, recordando que en situaciones similares, como en 1995 y 2019, los presidentes del Gobierno optaron por disolver las Cortes y convocar elecciones, lo que el Senado considera una convención constitucional consolidada.
¿Qué pide el Senado al Constitucional?
En su escrito, el Senado solicita al Tribunal Constitucional que declare que el Gobierno ha vulnerado sus atribuciones constitucionales, así como la inconstitucionalidad y nulidad de las sucesivas prórrogas de los Presupuestos de 2023 aplicadas en 2024, 2025 y, en su caso, 2026.
También pide que el alto tribunal establezca un plazo máximo para que el Ejecutivo cumpla con su deber constitucional y presente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
La presentación de este conflicto marca un nuevo episodio de tensión institucional entre el Senado y el Gobierno y abre un escenario de alto impacto político y jurídico, cuyo desenlace quedará ahora en manos del Tribunal Constitucional.