El Sindicato Médico alza la voz y muestra la situación sanitaria real en la ciudad
El Sindicato Médico critica a INGESA por presentar una imagen de normalidad mientras servicios permanecen cerrados por falta de especialistas y crece la dependencia de clínicas privadas.
El Sindicato Médico de Ceuta -SMC- ha mostrado su profunda indignación ante los últimos comunicados emitido por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en los que estima el balance de la huelga de dos únicos días en 6 por ciento y el 4,5 por ciento, al considerar que ofrece una visión distorsionada de la realidad asistencial que se vive en la ciudad y que incurre en lo que el sindicato califica como un ejercicio de cinismo institucional.
Según el SMC, mientras desde la dirección territorial del organismo, encabezada por Jesús Lopera, se insiste en proyectar una imagen de normalidad y calidad asistencial, la situación real en Ceuta es muy distinta. El sindicato denuncia el cierre de servicios por falta de especialistas, las derivaciones sistemáticas de pacientes a la península y una creciente dependencia de la sanidad privada para cubrir prestaciones que deberían estar garantizadas dentro del sistema público.
El colectivo médico recuerda que esta es la misma administración que ha defendido públicamente que determinados servicios, como la radioterapia, no son viables en Ceuta por criterios de rentabilidad, mientras mantiene cerrada la unidad de Hemodinámica -tras una inversión pública millonaria- por la falta de cardiólogos hemodinamistas. Todo ello, subraya el SMC, contrasta con el destino de cerca de 700.000 euros a contratos con clínicas privadas para garantizar la atención en Salud Mental, pese a que desde el propio INGESA se niega cualquier proceso de privatización.
Para el sindicato, esta estrategia refleja un modelo de gestión que prioriza el equilibrio presupuestario frente a la equidad asistencial, trasladando a los pacientes las consecuencias de una planificación deficiente. En este contexto, el SMC subraya que cada especialista que no se incorpora al sistema supone una consulta cerrada, una intervención quirúrgica retrasada o una familia obligada a cruzar el Estrecho para recibir tratamiento.
Asimismo, el sindicato cuestiona las cifras de seguimiento de la huelga difundidas por INGESA. Desde el colectivo médico se advierte de que el propio organismo ha impuesto servicios mínimos que, en algunos casos, triplican la actividad considerada esencial, obligando a los facultativos a asumir más horas, más pacientes y una mayor carga asistencial incluso durante las jornadas de paro. Esta situación, denuncian, genera una actividad artificialmente elevada que permite proyectar una imagen de normalidad y minimizar el impacto real de la huelga.
“El resultado es que se ahoga a los profesionales para que la asistencia continúe como si nada hubiera ocurrido”, señalan desde el SMC, que insiste en que los números importan y que manipularlos para desactivar una movilización tiene consecuencias directas sobre la salud laboral y la calidad asistencial.
El colectivo médico lamenta también la falta de sensibilidad institucional hacia asociaciones de pacientes y familias, como las vinculadas al TDAH, que se han visto obligadas incluso a acudir a instancias judiciales ante la ausencia de respuestas estructurales por parte del organismo gestor.
El sindicato considera especialmente paradójico que esta situación se produzca bajo la gestión directa del Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, quien promueve a nivel nacional iniciativas legislativas contra la privatización sanitaria mientras, en territorios como Ceuta, se consolida un modelo basado en externalizaciones, derivaciones y contratos externos para suplir la falta de profesionales propios.
En este sentido, el SMC advierte de que el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, no puede permanecer ajeno a las consecuencias asistenciales derivadas del actual modelo de gestión sanitaria. Mantener el respaldo institucional a una gestión que ha normalizado el cierre de servicios, la externalización de prestaciones y la ausencia de una planificación eficaz en la captación de especialistas le convertiría, según el sindicato, en corresponsable político del progresivo deterioro de la sanidad pública en la ciudad.