Solidaridad ha impugnado "la modificación del reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social". Tras la modificación llevada a cabo por el Gobierno mediante el Real Decreto 629/2022, el sindicato ha acudido ante el Tribunal Supremo al considerar que supone “un perjuicio gravísimo para los trabajadores en España”.
El sindicato denuncia que este R.D. "vulnera lo establecido en la ley de Extranjería, en concreto, en los artículos 53 y 57, relativos a las circunstancias por las que se procede a la expulsión del territorio del infractor extranjero, a aquellos que se encuentran en situación irregular en España o trabajando de forma ilegal sin la autorización administrativa. El cambio se realiza mediante una modificación del reglamento, cuando los artículos 9.3 y 86.1 de la Constitución establecen esta materia reservada a la utilización de Ley Orgánica, infringiendo con ello el principio de jerarquía normativa".
El escrito elevado al Alto Tribunal recuerda que “la propia Constitución delimita negativamente el ámbito material del decreto-ley, no siendo posible su uso para regular materias reservadas, entre otros, a Ley Orgánica o contradecir las mismas”. Así, subraya Solidaridad, "se excluye el desarrollo legislativo directo de esta institución".
El sindicato denuncia que el Real Decreto “flexibiliza las figuras de arraigo, creando nuevas figuras de regularización, posibilitando la legalización de una migración a priori irregular con la contratación de origen, considerando vía de migración legal la contratación circular”. Además, Solidaridad señala cómo, por ejemplo, se permitirá que los inmigrantes que lleven más de dos años en situación irregular en España puedan conseguir permiso de residencia por 12 meses con la condición de realizar unos cursos formativos, o quedar reducidos los requisitos para las personas que están formándose en España con permiso de estudios (art. 42), cuya incorporación al mercado laboral es, ahora, mucho más fácil".
Solidaridad alerta de que esta nueva situación “modifica el escenario del mercado laboral que afecta a los trabajadores que de forma legal ya han conseguido acceder al mismo”. Por ello su secretario general, Rodrigo Alonso, ha anunciado que el sindicato “sigue firme en su defensa del trabajador” y que por ello ha impugnado el referido Real Decreto “a fin de cortar el efecto llamada a la inmigración ilegal”.
“La regularización de inmigrantes supone uno de los principales factores del efecto llamada”, recuerda Alonso para añadir: “Si se facilita su regularización, España se convertirá en el destino preferido para las mafias de la inmigración, que verán en estas fórmulas legales un destino seguro para las personas con las que trafican.”
El secretario general del sindicato también explica cómo la inmigración masiva y su posterior regularización “provoca la sustitución de los trabajadores que no estén dispuestos a perder sus condiciones laborales por inmigrantes que, ante una situación desesperada, asuman cualquier trabajo como bueno”. “Esto destruirá la identidad y las conquistas sociales y laborales de Europa”, ha advertido.
