Las últimas reuniones del Consejo de Gobierno de la legislatura en curso no están dejando grandes asuntos sobre la mesa. Así ha quedado demostrado en la rueda de prensa de hoy en la que el portavoz ha desgranado los cuatro asuntos que han pasado por la mesa del Gobierno en la cita de este viernes.
Entre ellos se encuentra la subvención a la FAMPA por valor de 70.000 euros que se destinarán a los gastos del programa de actividades de esta entidad durante el año en curso. Actividades destinadas a la sensibilización, información y formación de los padres y miembros de las AMPAS de los distintos centros escolares sobre temas de actualidad educativa. Esta subvención se incrementa en 30.000 euros respecto al pasado año, tal y como quedaba recogido ya en el Presupuesto General de la Ciudad para 2023, y recoge acciones como las jornadas 'Respetar es Educar', el concurso de tarjetas navideñas, la escuela de padres, el torneo de fútbol de la FAMPA, el encuentro intercultural o el I Premio FAMPA Ceuta.
Además de esta subvención, el Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio con la Cámara de Comercio para la campaña de promoción e imagen de la ciudad, enmarcada dentro de los planes establecidos por el Gobierno central en materia turística para los territorios extrapeninsulares. El mismo supone un importe de 50.676 euros y contempla actuaciones con organizaciones empresariales para el desarrollo de campañas y control de la imagen positiva de Ceuta.
Junto a estos dos asuntos, el Consejo de Gobierno de este viernes ha aprobado sustituir a Hadú-Almadraba por AMGEVICESA en el listado de beneficiarios de la compensación del consumo de gasóleo, en el marco del cambio de gestión del servicio de autobuses. El límite anual de cara a esta compensación es de 611.500 litros de carburante.
Finalmente, la reunión del Gobierno ha servido para aprobar la demolición de unas obras ilegales en la barriada de Juan Carlos I. En caso de que el propietario no ejecute la demolición, se ordenará la demolición subsidiaria por parte de la administración cargando al propietario con el coste de la misma, de en torno a 6.000 euros. Además se incoa expediente sancionador al responsable por infracción urbanística.
