Todo en manos del interventor: el 'millonario' convenio de Servilimpce podría ser ilegal

El nuevo convenio colectivo de Servilimpce ha encendido todas las alarmas. La empresa municipal de limpieza viaria plantea un incremento de su presupuesto por encima del tope legal del 2,5 por ciento de la masa salarial—que marca la ley desde 2023—, y que se traducen en el aumento de sueldos previstos en algunos puestos: hasta un 32 por ciento para cargos directivos y entre un 23 por ciento y un 27 por ciento para otras categorías. Unos márgenes que, de validarse por el interventor municipal, podrían derivar en responsabilidades penales por prevaricación. No se superar, de un año para otro, ese 2,5% para destinarlo a subidas de sueldos.

“El texto ya está aprobado internamente, pero aún debe pasar el filtro de la Intervención Delegada. Si se valida tal cual, estaríamos ante una vulneración flagrante de la ley”, advierten fuentes sindicales a este medio.

¿Prevaricación en camino?

La Intervención Delegada del Ayuntamiento tiene la última palabra. Si respalda un acuerdo fuera del marco legal, estaría incurriendo en prevaricación por avalar conscientemente un acto contrario a derecho. “No pueden alegar ignorancia. La norma es clara, el incumplimiento también”, insisten desde el entorno sindical.

Mientras tanto, el comité de empresa actúa como si el convenio fuese firme. “Se están generando falsas expectativas. Es un engaño a la plantilla”, denuncian las fuentes consultadas.

Una línea roja legal

El límite del 2,5 por ciento de subida de la masa salarial del sector público no es una recomendación: es una obligación impuesta por los Presupuestos Generales del Estado desde 2023. Incluye a las empresas públicas y a las municipalizadas como Servilimpce. Para aplicar excepciones —por ejemplo, en base al IPCA (Índice de Precios al Consumo Aarmonizado)— se requiere una justificación concreta y una autorización expresa. Ninguna de las dos cosas figura en el documento aprobado. “No hay forma legal de justificar una subida por encima del marco legal”, remarcan las mismas fuentes.

Dejar pasar este convenio sin objeciones abriría la puerta a una cascada de recursos administrativos, judiciales y, previsiblemente, políticos. La Intervención no solo tiene la capacidad de actuar: está obligada a hacerlo.

¿Control o complicidad?

La pregunta que sobrevuela el caso no admite eufemismos: ¿permitirá el Ayuntamiento que una empresa pública actúe al margen de la ley? Si Intervención no bloquea este acuerdo, validará un agravio comparativo intolerable con el resto del sector público. Pero no sería la primera vez que el órgano fiscalizador aplica un doble rasero en sus conclusiones.

La exclusión de la empresa Bulyba del concurso para gestionar el hotel municipal 'Puerta de África' —a pesar de haber presentado unas aclaraciones “excelentes”— ya situó a Intervención en el centro de la polémica. En un primer informe, el área reconoció que la licitadora superaba con creces el requisito económico mínimo del pliego (2,5 millones frente a los 3,1 acreditados). Pero en un segundo dictamen, el mismo órgano consideró “precaria” su solvencia, aduciendo factores no contemplados en el propio pliego. La decisión acabó por apartarla del proceso.

Un movimiento difícil de justificar que alimenta las sospechas de discrecionalidad y debilita la credibilidad de quienes deben velar por la transparencia y la equidad en el uso del dinero público.

¿Quién mueve los hilos?

Las miradas apuntan ahora al vicepresidente primero del Gobierno y presidente del Consejo de Administración de Servilimpce, Alejandro Ramírez. ¿Qué papel ha jugado en la validación a las negociaciones de un convenio que, según los sindicatos, incumple de forma manifiesta los límites legales? ¿Quién da luz verde a estos acuerdos sabiendo que podrían no pasar el control de legalidad?

La ciudadanía, que financia con sus impuestos a Servilimpce, tiene derecho a saber si los órganos de control ejercen su función o simplemente rubrican lo que les ponen delante. Lo que está en juego no es solo un incremento salarial: es la legitimidad de todo el sistema de fiscalización del gasto público en Ceuta.