Todos contra el nuevo puesto de Caminero: solo MDYC calla respecto al traje a medida

Septiembre acaba de arrancar y lo hace con la última polémica entre el Gobierno y los partidos de la oposición en su momento cumbre: el “traje a medida” confeccionado por el Gobierno para el que ha sido el interventor general de la Ciudad durante las últimas décadas, José María Caminero, en forma de Dirección General de Control Financiero.

Y es que, después de décadas como interventor general de la Ciudad, Caminero conoce a la perfección las entrañas financieras de la misma y las prácticas del Ejecutivo. Su nombramiento en un puesto de libre designación dentro de esa misma estructura erosiona la confianza ciudadana, porque convierte al ‘vigilante’ en ‘protagonista’ del sistema que debía controlar.

El malestar de la oposición

Un malestar generalizado del que los partidos de la oposición se han convertido también en correa de transmisión. Ceuta Ya! fue el primero de los grupos en poner el grito en el cielo, por boca de su portavoz, Mohamed Mustafa, lamentando que el Gobierno del PP no viera nada raro en que “el árbitro esté en nómina del equipo” y acusándolo de retorcer la ley pues, tras su jubilación forzosa, insistía, el ya ex interventor no podría ser nombrado director general. Un retorcimiento legal sobre el que en las últimas horas, además, han advertido al Ejecutivo, señalando que no son partidarios de judicializar la acción política pero advirtiendo de que: “si nos empujan, lo haremos”.

La formación autonomista era la primera pero no la única en manifestar su disconformidad con la creación de esta nueva Dirección General bajo el paraguas de la Consejería dirigida por Kissy Chandiramani. Así, el PSOE acusaba al Gobierno el pasado jueves de haber creado una estructura orgánica “a medida” para recolocar a José María Caminero, calificando de “flagrante abuso institucional” una decisión que para los socialistas “prioriza los intereses de los suyos frente al interés general”, vulnerando principios básicos como el mérito, la capacidad, la transparencia y la imparcialidad en la gestión pública.

Tampoco se quedaban atrás desde Vox, que el mismo jueves anunciaba que está estudiando la posibilidad de judicializar el nombramiento de Caminero como director general de Control Financiero, recordando que no sería la primera vez que la justicia les da la razón en una situación similar, pues ya la pasada legislatura los juzgados declararon anulable el nombramiento de Emilio Carreira como director general de Comunicación.

Solo el MDYC guarda silencio

Un malestar generalizado entre la ciudadanía en general y los partidos que forman parte del arco parlamentario con solo dos excepciones, la del grupo mayoritario y en el Gobierno, el PP, y la del quien se ha convertido en su principal sostén a lo largo de la legislatura en curso y muy especialmente en los últimos meses: el MDYC de Fátima Hamed.

Desde la pasada semana este medio ha tratado en varias ocasiones de ponerse en contacto con la líder de esta formación política y actual vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea sin que haya sido posible, señalando desde su gabinete de prensa que Hamed no tiene previsto realizar declaraciones respecto a una cuestión que, como les hemos venido contando, se ha convertido no solo en objeto de polémica, sino de indignación ciudadana.

Coherencia política rota

Algo que contrasta con aquel MDYC que se erigió durante años en garante de la transparencia, denunciando en no pocas ocasiones el ‘clientelismo’ del Gobierno de Vivas. Lejos quedan aquellas expresiones habituales de “desgobierno” empleadas por la formación localista para dirigirse al Ejecutivo de Vivas. Ahora desde el partido dirigido por Fátima Hamed se opta por guardar silencio, algo impensable ante un asunto de tal calado hace apenas un par de años. Un silencio frente a este caso que alimenta la percepción de connivencia y contradice el discurso ético que fue su seña de identidad.

Lo cierto es que la formación que dirige Fátima Hamed no pasa a lo largo de los últimos meses por su mejor momento. La implicación de uno de sus diputados (en el momento de los hechos) en la trama del narcotúnel o las informaciones respecto a contrataciones de miembros de su lista electoral en empresas como AMGEVICESA sitúan a este partido en una delicada posición frente a la ciudadanía, a pesar de su preeminencia en la Mesa de la Asamblea y sus buenas relaciones con el Gobierno, que le permiten sacar adelante muchas de las propuestas que presentan ante la Asamblea.

Ahora, y pese al clamor popular y del resto de partidos, no ve motivo para pronunciarse respecto a la creación de una nueva Dirección General para el ex interventor, un nuevo cargo de libre designación que se realizará con cargo al Presupuesto, el mismo que el grupo dirigido por Fátima Hamed aprobó para el año en curso.