Dura denuncia la que realiza EL MUNDO este domingo en un artículo en el que afirma que mientras el Gobierno central y las comunidades autónomas se han afanado en aplanar el dichoso pico de demanda en la sanidad, las residencias han operado como han podido -pidiendo ayuda desde el primer día y sin poder derivar internos a los atestados hospitales-, el sistema en definitiva ha peleado para digerir el tsunami de pacientes de Covid-19, que ha terminado por arrollar durante semanas los recursos existentes... Y sin embargo unas 2.200 plazas listas para salvar esas vidas que se siguen perdiendo a miles han quedado sin uso.
Son las camas de la sanidad privada, obligadas por el Gobierno central a permanecer listas y disponibles, y sin embargo “utilizadas sólo en un 15% aproximadamente en el conjunto del país”.
Lo cuenta Carlos Rus, presidente de la patronal del ramo, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE): “La verdad, no entendemos nada”, explica, desde sus 600 entidades agrupadas, con 260.000 trabajadores, 93.000 de ellos en ámbito hospitalario. Y hace las cuentas: “Nosotros tenemos 2.236 camas UCI, y se nos pidió que ampliáramos unas 400 más para asumir la demanda. Así hemos tenido unas 2.600 camas listas, de las que sólo se ha utilizado, calculamos, un 15%”. Es decir, poco menos de las 400 que se pidió ampliar. El resultado final: “Hemos tenido unas 2.200 camas disponibles y sin uso”.
¿Por qué no se han usado? Porque, y aquí entramos en la arquitectura administrativa y política española, se ubican en comunidades poco afectadas por el Covid-19, explica Rus. “El uso público de nuestros recursos, de los hospitales privados, ha sido muy dispar en toda España. Ha habido un primer nivel de comunidades que sí los han utilizado, y al 100%, incluso pidiéndonos doblar nuestra capacidad. Es el caso de Madrid, Cataluña, singularmente Barcelona, La Rioja y el País Vasco. En esas hemos apoyado con todo, y más de lo que podíamos, y el resultado ahí está”.
Diferencia entre autonomías
El segundo nivel es el de Castilla y León y Castilla La Mancha, ambas con un alto nivel de afectación por el Covid-19: “En estas comunidades”, cuenta, “los hospitales públicos se han dedicado a coronavirus, y los privados al resto de pacientes, con lo que finalmente tampoco ahí se han utilizado al 100% nuestra capacidad”. El grueso no obstante de los recursos no aprovechados está, cuenta Rus, “en todas las demás comunidades: Aragón, Valencia, Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra, Cantabria, Canarias, Baleares... Ahí nuestros hospitales no se han utilizado prácticamente, y no entendemos que no se haya coordinado un plan para hacerlo. Por los ciudadanos que lo han necesitado y aún lo necesitan, y porque se nos ha obligado a seguir abiertos por decreto, para luego dejarnos sin uso”.
En definitiva, los recursos privados, puestos al servicio de lo público en el propio real decreto en el que se estableció el estado de alarma, sí se han usado allí donde la avalancha ha sido mayor, pero no donde el virus se ha contenido más. “Claro, pero lo que nosotros no entendemos es que no se hayan trasvasado pacientes de unas comunidades a otras. Al fin y al cabo estamos todos en el mismo país”, repite el presidente de la patronal de la sanidad privada.
Por ejemplo: Castilla La Mancha, la tercera región más afectada cuantitativamente por el Covid-19, llegó al tope de sus capacidades y centenares de ancianos, como ha publicado este diario, murieron en sus residencias, en una comunidad enormemente envejecida: tiene cuatro veces menos habitantes que la vecina Madrid, pero 40 asilos más. “Pues por ejemplo”, incide Rus, “desde ahí se podía haber desviado pacientes a nuestros hospitales en Valencia, Andalucía, Murcia y Extremadura”.
En Valencia, por ejemplo, hay “25 hospitales privados que nos han pedido mantener abiertos, con muchas UCI que no han sido utilizadas. Sólo nos han derivado el total de 241 pacientes, que es la capacidad de uno de esos hospitales, un solo día”.
“Es que los poderes públicos tienen no sólo la capacidad, sino la obligación de velar por la salud de los ciudadanos, y aquí ha habido una dejación de funciones muy clara”, interviene Carlos Sardinero, abogado -y doctor en Medicina- especializado en derecho sanitario y salud pública.
Sigue Sardinero: “Hay que decirlo muy claro: se han muerto miles de ancianos en residencias, y se siguen muriendo, y no se ha establecido un mecanismo para que al menos tengan la oportunidad de recibir asistencia médica. Esa responsabilidad era en primer lugar del Gobierno, porque para eso se arrogó el mando único en el decreto de alarma, y también de las comunidades autónomas, que para eso mantenían sus competencias, transferidas, en materia sanitaria”.
En esa duplicidad advierte Sardinero una ambivalente trampa: “Es un poco lo de entre unos y otros la casa sin barrer. El Gobierno se arroga el mando, pero deja la responsabilidad a las comunidades autónomas. Y estas pueden señalar al Gobierno cuando las cosas fallen. Todos tienen la culpa y nadie la tiene. Todos tienen salida. Y, mientras, los ancianos siguen muriendo en las residencias y nada, o muy poco, se hace”, señala el también abogado de la Asociación del Defensor del Paciente, que ha denunciado a Fiscalía la infrautilización de camas UCI durante esta crisis, y con ello la muerte de miles de ancianos en las residencias sin siquiera posibilidad de tratamiento.
