No tener antecedentes penales y admitir los hechos al principio ha servido al único acusado por los casos de abusos sexuales en el entorno del "Lope de Vega" para enfrentarse a unas penas menores que las que pedía, en principio, Fiscalía. A saber: el Ministerio Fiscal solicitaba 84 años de prisión en total: doce años por cada uno de dos delitos de tocamientos con acceso y otros diez de seis años por tocamientos. Finalmente, tanto Fiscalía como acusaciones particulares han rebajado la pena a tres años por cada uno de los diez delitos. La defensa solicita que esto quede rebajado a dos años por cada uno. El sujeto se enfrenta, también, a penas menores como la inhabilitación para el sufragio pasivo, alejamientos de las niñas una vez cumplida su condena y no poder realizar trabajos que exigan contacto con menores durante cinco años una vez cumplida la condena.
El acusado admitía los hechos, y solo introducía un curioso matiz: entró a trabajar en el Plan de Empleo de 2017 un día más tarde de lo que señalaba la Fiscalía. A preguntas del Ministerio Fiscal admitió haber mantenido una conducta "libidinosa": ganándose la confianza de las menores y aprovechar que su puesto de trabajo estaba en las cercanías del baño para acabar tocándolas y besándolas en la boca a dos de ellas. Precisamente, la amistad que tenía con los padres de una de las niñas fue lo que permitió descubrir el caso. La cría fue a dejarle unas herramientas a casa, dado que eran vecinos, y su padre se extrañó al ver que tardaba. Personado en el garaje del acusado, descubrió los hechos.
La médico forense -cuyo testimonio estaba previsto para el jueves- se limitó a ratificarse en su testimonio. Quien si entró en detalles fue el psicólogo; advirtió que puede haber traumas inmediatos -de hecho, en un par de casos así ha sido- y que a estas niñas les puede quedar una rémora que podría aparecer en el futuro: bajo rendimiento escolar, poca empatía social, dificultades a la hora de iniciar relaciones íntimas en un futuro además de una gran carga de inseguridad. Que aparezcan y en qué forma estas secuelas es algo que el psicólogo no se atrevió a pronosticar.
También declaró la directora del "Lope de Vega". Visiblemente nerviosa -la presidenta de la sala llegó a pedirle que se tranquilizara- explicó que habían solicitado un pintor a través del Plan de Empleo de 2017, que gestionaba la Ciudad Autónoma. La docente señaló que las órdenes de trabajo a los operarios del Plan las daba el secretario y que, en efecto, había ocasiones en las que estas personas -el acusado y otras dos- trabajaban en conjunto o, a veces, en solitario. Recordó que a todos los trabajadores del Plan de Empleo se les hizo entrega de un decálogo de comportamiento cuando se incorporaron, que simplemente pidieron un pintor y apareció este hombre seleccionado por el SEPE y contratado por la Ciudad, y que tras los hechos se aplicó el Protocolo contra Abusos del centro, consistente en recabar datos y pormenorizar la atención en las niñas afectadas.
Otra de las cuestiones a dirimir estriba en la indemnización a las familias de las niñas. La cuantía asciende a los 720.000 euros, que Fiscalía solicita sean abonadas subsidiariamente por Ciudad Autónoma y Ministerio de Educación. Algo en lo que no estaba de acuerdo el letrado representante del Gobierno local. Luis Ragel explicó que la Ciudad gestionó aquel Plan de Empleo, que en base a los programas se destinó a los operarios a los centros que fueran y subrayó que la única relación de la Ciudad Autónoma con el acusado consistió en firmarle el contrato y destinarlo al Lope de Vega. Los horarios y funciones a realizar se escapaban del control de la Administración local.
Quedaban, para el final, dos cuestiones. Por un lado, el alegato del acusado. Textualmente, cuando la presidenta de la Sala, Rosa De Castro le cedió la palabra dijo "quiero pedir perdón, y nada más". Los familiares estuvieron en el juicio durante toda la vista, aunque hubo ocasiones en las que se les pidió desalojaran la sala, como ocurrió con los medios de comunicación cuando se proyectó una grabación a una de las niñas grabada durante la instrucción. Mantuvieron en todo momento un actitud de entereza y corrección, aunque no pudieron, en ocasiones, evitar derrumbarse rememorando estos hechos cometidos en solo seis meses: octubre de 2017 y marzo de 2018. Unos hechos grabados, para siempre, en la crónica negra colectiva de la ciudad de Ceuta.
