En la ciudad autónoma no se practican abortos dentro del sistema público de salud, ya que todos los ginecólogos del INGESA son objetores de conciencia, y no existen clínicas privadas que realicen interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Así lo ha confirmado Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta y del Sindicato Médico, en una entrevista en la que explica los motivos de esta situación y defiende el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia, “un derecho individual y fundamental que debe respetarse” tras una polémica suscitada por un posible sondeo del Ministerio de Sanidad para un eventual cambio legislativo.
Ceuta, una excepción dentro del mapa sanitario español
Según Roviralta, Ceuta —junto con Melilla— constituye una excepción dentro del sistema nacional de salud:
“En Ceuta no se practican abortos dentro de la Sanidad Pública, ya que todos los ginecólogos del INGESA son objetores de conciencia. Tampoco hay ninguna clínica privada que los practique”, ha señalado.
Esto implica que las mujeres ceutíes que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo son derivadas a centros sanitarios privados en Andalucía, principalmente a la localidad de Algeciras, para poder acceder a este servicio garantizado por ley.
El presidente del Colegio de Médicos reconoce que esta particularidad ha convertido a Ceuta en epicentro de la polémica, especialmente después de que el tema de la objeción de conciencia volviera al debate nacional con las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el registro de objetores en Madrid.
“La objeción de conciencia es un derecho fundamental”
Desde el Colegio de Médicos de Ceuta y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, se ha emitido un comunicado recordando que la objeción de conciencia “es un derecho fundamental, individual y protegido constitucionalmente”.
Roviralta subraya que “ningún médico puede ser coaccionado, sancionado o limitado profesionalmente por ejercer este derecho”, y advierte de que cualquier intento de establecer registros públicos de objetores podría vulnerar la protección de datos personales y los derechos fundamentales del profesional sanitario.
“Dicho registro no puede ser público ni utilizarse para perjudicar la carrera de un médico. Eso sería absolutamente ilegal hoy por hoy”, recalca Roviralta.
El representante médico insiste en que la solución al problema no pasa por señalar a los profesionales, sino por una mejor organización sanitaria:
“Es un problema organizativo que corresponde a la administración pública resolver, no al médico, que ejerce un derecho reconocido”.
Ceuta y Melilla, los dos territorios afectados
Aunque Ceuta es el caso más visible, Roviralta confirma que la misma situación se da en Melilla, donde también todos los ginecólogos de la sanidad pública están inscritos como objetores.
“Me llamaron de Melilla y me confirmaron que allí ocurre exactamente igual”, explicó.
El hecho de que ambas ciudades tengan plantillas reducidas de profesionales hace más probable que se dé esta coincidencia total de objetores, algo “más difícil de encontrar en comunidades autónomas como Andalucía, donde hay muchos más ginecólogos”.
El debate jurídico y ético continúa
Roviralta admite que el Consejo General de Médicos ha querido “poner el parche antes de la herida” ante el temor de que el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, trate de limitar este derecho, aunque no hay aún una propuesta concreta.
“No sabemos si se trata de un globo sonda o de un cambio legislativo real, pero creemos que restringir la objeción sería muy complicado desde el punto de vista constitucional”, señala el presidente del Colegio ceutí.
Mientras tanto, Ceuta, junto con Melilla, siguen siendo las únicas autonomías españolas donde no se practican abortos dentro del sistema público, lo que genera un debate entre la libertad de conciencia de los profesionales y el acceso de las mujeres a un derecho sanitario reconocido por ley.
