En conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, la Asociación Ceutí de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Acefep) ha llevado a cabo diversas acciones destinadas a concienciar a la sociedad sobre la importancia de la salud mental y abogar por su consideración como un derecho universal.
Desde un stand ubicado en el Paseo del Revellín, Acefep ha organizado actividades y eventos destinados a promover la comprensión de los problemas relacionados con la salud mental. Uno de los aspectos destacados de esta jornada fue la venta del calendario solidario para el año 2024, cuya recaudación se destina a financiar las actividades de la asociación en apoyo a personas con enfermedad mental y sus familias.
Además de estas iniciativas, a las 19:00 horas, Acefep procedió a la lectura de un manifiesto en el que se resaltó la relevancia de considerar la salud mental como un derecho inherente a la condición humana, sin barreras ni fronteras. En el manifiesto se expresó que "una sociedad con derechos es una sociedad evolucionada" y se subrayó la importancia de que los poderes públicos provean los recursos necesarios para garantizar este derecho.
El derecho a la salud mental tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, implica el derecho al bienestar en una sociedad que respeta la salud mental, promoviendo la comprensión y la inclusión en lugar de la discriminación y la exclusión. Por otro lado, una vez que una persona ha experimentado un problema de salud mental, tiene derecho a un modelo de rehabilitación universal que permita su pleno desarrollo y proyección social.
En el manifiesto se hace un llamado a la sociedad a ser vigilante y a luchar por la realización de estos derechos, destacando que la universalidad y la conquista de los derechos pueden comenzar desde el ámbito más cercano, como las relaciones humanas, y extenderse hasta el nivel nacional.
La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad se menciona como una guía importante para abogar por la concienciación y el entendimiento de los problemas relacionados con la salud mental, la protección de los derechos de los menores en su desarrollo emocional y la eliminación de medidas coercitivas en favor de espacios de recuperación compatibles con la dignidad humana.
Además, se hace un llamado a promover campañas de sensibilización y prevención del suicidio en ámbitos como la escuela, la universidad y el entorno laboral, fomentando la comunicación y la confianza como herramientas para abordar los sentimientos y las dificultades emocionales.
El manifiesto concluye enfatizando que el cuidado de la salud mental debe ser una responsabilidad compartida por toda la sociedad, y que una sociedad con salud mental es una sociedad con bienestar, en la que los seres humanos pueden alcanzar su pleno sentido y potencial.
Proclama
La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzima, ha sido la encargada de leer la proclama, destacando la importancia de defender los derechos de las personas con problemas de salud mental y abogando por un enfoque basado en la recuperación y la promoción de la autonomía individual.
En su proclama, Benzina hizo hincapié en la necesidad de reconocer que la salud mental es un derecho universal, respaldado por la Organización Mundial de la Salud y respaldado por numerosas organizaciones en todo el mundo. Sin embargo, también señaló que, en España, y en otros lugares, los derechos de las personas con problemas de salud mental son vulnerados sistemáticamente a través de medidas coercitivas, como contenciones mecánicas y químicas, mediaciones forzosas, aislamiento y falta de información sobre alternativas terapéuticas.
Benzina advirtió sobre las graves consecuencias físicas y psicológicas de estas prácticas y destacó la falta de acción a nivel mundial para abordar estas violaciones de derechos humanos en los sistemas de atención de la salud mental. Esta falta de acción, dijo, refuerza un ciclo de discriminación, desempoderamiento, coerción, exclusión social e injusticia.
La consejera instó a todas las partes interesadas, incluidos los responsables públicos, los agentes sociales, las organizaciones sin fines de lucro, los medios de comunicación, las sociedades científicas, las empresas, los estudiantes y los profesionales de la salud, la atención social, la educación, el empleo y el derecho, así como a todos los ciudadanos, a no considerar las medidas coercitivas como parte de un tratamiento terapéutico.
El acto concluyo con una muestra a las autoridades y representantes políticos presentes, de las actividades que han desarrollado durante todo el día.
