La familia de una menor de 10 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha denunciado públicamente este martes la situación de acoso, agresiones y falta de recursos que, aseguran, sufre su hija en el CEIP Lope de Vega, donde está escolarizada actualmente. La madre de la menor, Milagros García, ha comparecido ante los medios para exponer un caso que califica de “límite” y que, según advierte, ha puesto en riesgo real la integridad física y emocional de la niña.
La familia ha participado este mismo miércoles en una reunión con la Dirección Provincial de Educación, a la que acudían con la esperanza de encontrar una solución inmediata. Sin embargo, García ha lamentado que tras "más de un mes intentando hablar con el inspector de referencia del centro, que es quien toma las decisiones, hoy ni siquiera nos ha atendido”, señalando que han sido recibidos por otro inspector, que les ha escuchado y atendido pero que no tiene capacidad resolutiva en su caso.
Falta de apoyos y recursos adecuados
Según ha relatado la madre, la situación de su hija no es puntual ni reciente. La menor ha pasado por varios centros educativos debido a la ausencia de recursos adecuados para atender sus necesidades específicas. Hace tres cursos, la familia decidió regresar al CEIP Lope de Vega, el primero en el que había sido escolarizada, con la expectativa de que la niña pudiera acceder al aula TEA, un recurso inexistente en el centro en el que se encontraba en ese momento. Sin embargo, ese acceso nunca ha llegado a materializarse.
Durante tres cursos consecutivos, la menor no ha contado con plaza en el aula específica y solo se le asignaron dos horas semanales de apoyo, una medida que la familia considera claramente insuficiente y no acorde a su dictamen educativo. En el presente curso, ni siquiera ha podido beneficiarse de esas horas, sin que se haya ofrecido una alternativa eficaz ni un plan individualizado funcional.
A esta carencia de apoyos se han sumado cambios continuos de tutoría, retirada o reducción de horas de pedagogía terapéutica y de especialistas, lo que ha tenido un impacto directo en la estabilidad emocional de la niña, generando ansiedad, inseguridad y episodios de desregulación.
Agresiones y falta de inclusión real
La madre ha insistido en que el problema no es solo educativo, sino también de seguridad e inclusión real. La menor no puede participar con normalidad en actividades del centro, no asiste a actividades extraescolares sin la presencia de sus padres y queda excluida de celebraciones escolares como Carnaval o Navidad, al no estar adaptadas a su sensibilidad sensorial.
Además, durante la jornada lectiva no permanece de forma continuada en su aula de referencia y pasa largos periodos fuera de ella, en ocasiones sin supervisión educativa adecuada. “Esto no es inclusión”, ha afirmado García, subrayando que la inclusión no puede quedarse en una declaración teórica, sino que debe garantizar seguridad, permanencia y aprendizaje.
A esta situación se han sumado agresiones físicas sufridas durante el curso. La más grave se produjo en el recreo, cuando varios alumnos realizaron un reto para decidir quién golpeaba primero a la niña, propinándole un golpe por detrás en la cabeza. Un hecho tras el que la familia no tiene constancia de que se haya activado ningún protocolo específico de protección ni de acoso escolar.
Un episodio de riesgo vital
Sin embargo, el punto de inflexión, según la familia, se produjo el pasado 17 de diciembre, cuando en ausencia de la figura de apoyo habitual y en un contexto de ansiedad severa, a la menor se le impidió salir del aula cerrando la puerta. En pleno estado de desregulación emocional, la niña intentó salir por la ventana de un segundo piso, llegando a quedar parcialmente fuera, con un riesgo vital inmediato, tal y como ha relatado su madre.
“Ese día pudo haber ocurrido una tragedia”, ha señalado Milagros García, quien considera que tras un episodio de este calibre “no hay margen para experimentos”. Y aunque reconoce la disponibilidad y el trato del equipo directivo y de la tutora, sostiene que el centro no puede garantizar la integridad física ni emocional de su hija.
Solicitud de cambio urgente de centro
Tras este incidente, la familia solicitaba de manera inmediata un cambio de modalidad educativa y la salida urgente del centro, proponiendo la escolarización de la menor en el Centro de Educación Especial San Antonio como única opción capaz de garantizar su seguridad. Tanto el centro como la tutora mostraron su acuerdo, reconociendo que no podían atenderla adecuadamente.
Sin embargo, la administración ha aceptado el cambio de modalidad, pero pretende mantener a la menor en el mismo centro, planteando soluciones provisionales como nuevos cuidadores o ajustes internos. Una opción que la familia rechaza de forma tajante. “El problema no es solo la modalidad, es el entorno”, ha insistido García, recordando que tras tres cursos los recursos no han funcionado, las agresiones no se han evitado y el riesgo no se ha prevenido.
Ante la falta de una respuesta efectiva, la madre ha anunciado que ya ha acudido al Defensor del Pueblo y ha asegurado que la familia no cesará hasta lograr una solución real, inmediata y segura. “No pedimos un privilegio, pedimos seguridad. Pedimos que se priorice la vida, la integridad y el bienestar de una niña”, ha concluido.
