AUGC denuncia la ineficacia del protocolo de acoso en la Guardia Civil y exige reformas urgentes

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a alzar la voz ante lo que considera una grave ineficacia del protocolo de acoso en la Guardia Civil, reclamando reformas estructurales urgentes y denunciando que la actual regulación deja a las víctimas en una situación de desprotección absoluta. La organización exige la apertura inmediata de un grupo de trabajo para modificar la normativa vigente y advierte de que la aplicación del Código Penal Militar (CPM) en funciones estrictamente policiales actúa como un obstáculo añadido para garantizar justicia y transparencia.

Las declaraciones se producen tras el anuncio del ministro del Interior sobre una inspección extraordinaria relativa a los protocolos de acoso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde AUGC lamentan que la Administración haya esperado a que se produzcan hechos de especial gravedad y repercusión mediática para reconocer deficiencias que, según sostienen, llevan años denunciando.

Un protocolo cuestionado desde su aprobación

El actual protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Guardia Civil fue aprobado mediante Resolución de 22 de julio de 2019 del Director General del Cuerpo. Desde su entrada en vigor, AUGC ha sido crítica con su contenido, al considerar que presenta deficiencias estructurales y que se encuentra alejado de las garantías reconocidas en la Administración General del Estado (AGE).

La asociación subraya que las diferencias jurídicas entre ambos marcos son “abismales” e incompatibles, a su juicio, con los estándares exigibles en un Estado de Derecho.

Comunicación al superior del presunto acosador

Entre las principales lagunas señaladas, AUGC destaca que en la Guardia Civil la persona que sufre acoso debe dirigir la comunicación al superior jerárquico del presunto acosador. La asociación considera esta exigencia un “despropósito jurídico”, especialmente si se compara con el sistema de la AGE, donde la denuncia puede ser presentada por la víctima, su representante legal, los sindicatos o cualquier empleado público.

Para AUGC, la disciplina jerárquica no puede justificar la falta de garantías para quien denuncia una situación de acoso.

Limitaciones en el acompañamiento y medidas organizativas

Otro de los aspectos denunciados es la restricción en el acompañamiento durante el proceso. En la Guardia Civil, la víctima no puede acudir con una persona de su confianza si esta no es miembro del Cuerpo, lo que, según la asociación, merma su derecho a la asistencia. En contraste, en la AGE se permite la presencia de cualquier acompañante elegido libremente por la persona afectada.

En el ámbito organizativo, AUGC sostiene que con frecuencia es la presunta víctima quien debe abandonar su puesto o continuar trabajando bajo la supervisión del presunto acosador si no se concede el cambio solicitado. Frente a ello, en la AGE se separa al presunto acosador garantizando las condiciones laborales y el puesto de la víctima.

Plazos largos y ausencia de vías de recurso

La asociación también critica la duración de los plazos en el procedimiento interno de la Guardia Civil, que califica de excesivos. Según detalla, la víctima puede verse obligada a relatar los hechos hasta en cinco ocasiones, generando un proceso de revictimización.

Además, denuncian que la resolución final no contempla la posibilidad de recurso interno, a diferencia de la normativa de la AGE, que prevé vías de apelación ante el Comité de Asesoramiento.

AUGC recuerda que hace casi dos años la Dirección General anunció una mejora sustancial de esta normativa, una promesa que, según afirman, no se ha materializado.

El Código Penal Militar y el corporativismo

A las deficiencias procedimentales se suma, según la asociación, una barrera jurisdiccional derivada de la aplicación del Código Penal Militar en funciones policiales. AUGC sostiene que el aforamiento de facto de algunos mandos y la imposibilidad de que determinados hechos sean juzgados desde el inicio por la jurisdicción ordinaria actúan como una “mordaza” que refuerza el corporativismo.

Como ejemplo, mencionan el caso de una teniente que respaldó a una guardia civil que denunció acoso por parte de un suboficial y que, por informar de los hechos, fue expedientada. Para la asociación, este episodio demuestra que el sistema puede castigar a quien protege a la víctima.

Exigencia de medidas reales y grupo de trabajo inmediato

Desde AUGC insisten en que no aceptarán más inacción institucional ni promesas incumplidas. La organización exige la convocatoria urgente de un grupo de trabajo que permita revisar y reformar el protocolo de acoso, equiparándolo a los estándares de protección existentes en la Administración General del Estado.

La asociación subraya que las mujeres de la Guardia Civil merecen un entorno laboral seguro y garantías procesales efectivas, y reclama que la proclamada “tolerancia cero” frente al acoso se traduzca en medidas concretas y verificables.