CCOO denuncia la “privatización ilegal” del servicio de valoración de discapacidad en el IMSERSO
El sindicato acusa a la Dirección Provincial de “ineptitud” y alerta de que el contrato con una clínica privada solo resolverá la mitad de los expedientes pendientes, dejando en el aire a cientos de familias.
Comisiones Obreras (CCOO) ha expresado su rechazo frontal a lo que considera una privatización “ilegal e irresponsable” del servicio de valoración de discapacidad del IMSERSO en Ceuta. Según denuncia el sindicato, la Dirección Provincial ha optado por externalizar la valoración médica a una clínica privada mediante un contrato menor adjudicado “a dedo”, en lugar de reforzar los medios públicos.
La medida llega tras más de 1.500 expedientes paralizados durante un año y medio, una acumulación que, a juicio de CCOO, se debe a la “manifiesta incapacidad de gestión” del director territorial del organismo. Ante la presión por resolver el atasco, se ha decidido recurrir a una contratación externa que, según la organización sindical, incurre en varias ilegalidades y vulnera principios básicos de la administración pública.
Desde CCOO aseguran haber planteado múltiples alternativas viables para evitar la privatización: la movilidad provisional de médicos del IMSERSO desde otros centros, la colaboración con profesionales del INGESA o una reorganización interna del personal disponible. Por ello, califican de “falsa” la afirmación de que no existen recursos públicos suficientes para afrontar esta tarea.
El sindicato critica con dureza la fórmula del contrato menor utilizada —limitada a 15.000 euros y exenta de controles exigentes—, ya que solo permitirá realizar 800 valoraciones, es decir, apenas la mitad del volumen pendiente. “¿Qué ocurrirá con el resto de expedientes? Repetir el procedimiento implicaría un fraccionamiento del contrato y, por tanto, una posible prevaricación”, advierten.
Además, CCOO denuncia que el escaso presupuesto adjudicado no garantiza la calidad ni el rigor de las valoraciones: “Estamos hablando de decisiones que afectan profundamente a la vida de personas vulnerables. No se puede tratar esto como si fueran informes al peso”, afirman.
El sindicato concluye que esta decisión supone una renuncia inadmisible a ejercer una función pública esencial, que pone en riesgo la imparcialidad del proceso, la protección de datos personales y el cumplimiento de la ley de incompatibilidades. Por ello, exige una rectificación inmediata y una apuesta decidida por la gestión pública del servicio.