viernes. 29.03.2024

La operación se ha desarrollado en las provincias de Barcelona y Cádiz, iniciándose a raíz de una información, recibida desde la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), en la que se indicaba que varios deportistas podrían estar accediendo a este tipo de sustancias dopantes mediante su compra a través de internet.

De esta manera, los agentes pudieron identificar al menos 7 páginas web que ofertaban distintos productos esteroides anabólicos sin ningún tipo de control sanitario, como es el caso del sitio www.epobest.com, que ha sido intervenido judicialmente al igual que el resto de páginas, no sin dificultad para los investigadores, ya que todos los dominios se encontraban alojados en servidores de países como Islandia o paraísos fiscales como New Jersey, cuya legislación es más permisiva en cuanto al alojamiento web se refiere.

Dichas web estaban dirigidas a posibles clientes de ámbito nacional e internacional, en múltiples idiomas y divisas, en las que se ofrecían diversos tipos de medicamentos como hormonas y esteroides. Algunas de ellas estaban dedicadas exclusivamente a la venta de EPO, en las que se indicaba que la citada hormona era enviada desde España.

Actualmente se está llevando a cabo el estudio y análisis de un importante volumen de información obtenida, tras la fase final de la investigación, en distintos ordenadores, teléfonos, correos electrónicos y cuentas corrientes radicadas en Austria, Eslovaquia y Chipre, de cuyo resultado se obtendrá un amplio listado de posibles consumidores finales, entre los que se prevé que haya una gran cantidad de deportistas tanto nacionales como internacionales, de diferentes disciplinas deportivas y niveles, que accedían a estas sustancias dopantes con el fin de aumentar sus capacidades físicas.

Hasta el momento se han bloqueado más de 800.000 euros en distintas cuentas bancarias y bienes inmuebles/muebles, localizándose más de 70.000 euros en efectivo en los registros efectuados.

Modus operandi

La red mantenía varias páginas web, alojadas en servidores de países extranjeros y dados de alta con identidades falsas, en las que se ofrecían los productos dopantes. Los usuarios realizaban los pedidos seleccionando las sustancias en sus distintas presentaciones. Para facilitar la comunicación entre comprador y vendedor, se utilizaban redes de mensajería instantánea encriptada a través de un número de teléfono austriaco, que era operado desde España. La organización desarticulada facilitaba entonces varias vías para realizar los pagos, a través de empresas de envío de dinero, transferencias bancarias a cuentas corrientes internacionales, o mediante criptomonedas para facilitar su anonimato.

Hasta aquí la red era operada por varios ciudadanos de nacionalidad serbia, uno de ellos afincado en Barcelona. Para la obtención del EPO, la organización se servía de otra célula formada por ciudadanos españoles que extraían los medicamentos del circuito legal español, a través de una clínica de diálisis de Cádiz. Estos medicamentos eran muy apreciados por los clientes, al tratarse de fármacos originales, siempre dentro de las fechas de caducidad.

Una vez que el medicamento era sustraído de dicha clínica, se acumulaban en un almacén hasta que, finalmente, eran enviados a los compradores. En esta clínica se han aprehendido más de 850 jeringuillas de EPO precargadas (entre otros medicamentos), sin las debidas condiciones de conservación ni de temperatura, lo que supone la mayor incautación realizada en Europa de este tipo de EPO.

En sus envíos, el EPO era acompañado de placas de frio, cuya inercia térmica resultaba insuficiente hasta su llegada a destino pero que daba una falsa apariencia de seguridad farmacéutica al negocio.

Dependiendo del destino nacional o internacional, la organización procedía al envío de las sustancias dopantes utilizando diversas empresas de mensajería. Las funciones de los investigados estaban definidas dependiendo del país de origen de los pedidos, remitiendo los mismos desde Cádiz o desde Barcelona en cada caso. De esta forma se diferenciaba el papel que cada componente desempeñaba en la red, lo que aumentaba en gran medida la seguridad de las actividades ilícitas. Los pagos entre los componentes del grupo criminal se realizaban en mano y en efectivo para dificultar la trazabilidad de los fondos relacionados.

La Eritropoyetina (EPO) era obtenida por uno de los miembros del grupo en Cádiz, aprovechándose de su condición como responsable de una clínica de diálisis, falseando los datos necesarios para la realización de los pedidos en las fichas de los pacientes de la clínica, quedándose con el excedente.

Esta actividad se habría llevado a cabo desde, al menos, los últimos diez años, estando pendiente aún de finalizar el análisis y estudio de toda la información recabada, para poder determinar el importe total defraudado a la Seguridad Social, el cual se presupone que va a ser realmente alto, ya no solo por ese largo periodo en el que la organización ha operado, sino por el importante volumen de pedidos que han tenido. Un primer dato, proporcionado por la Inspección dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, indica, que sólo en el periodo de enero de 2016 a junio de 2019, los envases desviados al mercado negro ascenderían a 5.103 en distintas presentaciones, destacando en número los de alta concentración (8.000 y 10.000 unidades internacionales).

Conexión internacional

Los medicamentos eran enviados a toda Europa utilizando empresas de mensajería, documentación e identidades falsas. Igualmente se han podido investigar diversas cuentas corrientes que la organización utilizaba para la canalización de los beneficios obtenidos por la actividad ilegal.

Algunas de las web estaban creadas y dirigidas directamente a posibles clientes en Alemania, Italia o Francia, aunque se podía optar por traducciones en casi todos los idiomas de la Unión Europea.

Esta operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz y la Fiscalía Provincial, ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Sección de Salud Pública y Dopaje de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Asimismo, han contado con la colaboración de Cuerpos policiales de diversos países, con la coordinación de EUROPOL, con la participación y colaboración de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Dirección en España de la compañía propietaria de la Clínica de Diálisis investigada. Igualmente, se han mantenido contactos con otras Agencias Europeas mediante otros grupos de trabajo y foros internacionales en los que participa la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como el PFIPC (Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime) y el WGEO (Working Group of Enforcement Officers), ambos relacionados con el tráfico ilícito de medicamentos a nivel Europeo y Mundial.

 

Desarticulara una organización internacional que traficaba con EPO