Entra en vigor la nueva protección por Desempleo: un cambio para cientos de miles de personas

El 1 de noviembre de 2024, tras el acuerdo alcanzado entre los sindicatos CCOO, UGT y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, entran en vigor la mayoría de las medidas para la simplificación y mejora del nivel asistencial por desempleo en España. Estas reformas están diseñadas para fortalecer la protección social de cientos de miles de personas que reciben prestaciones por desempleo cada año, así como para ampliar la cobertura a varios millones de trabajadores, especialmente entre aquellos más precarizados y en situaciones de vulnerabilidad.

Las nuevas medidas son particularmente relevantes para colectivos como las personas con contrato a tiempo parcial, los trabajadores eventuales agrarios, los jóvenes y menores de 45 años sin cargas familiares, los desempleados de larga duración, los emigrantes retornados, y las mujeres que han sufrido violencia de género o sexual, entre otros. Estas reformas se enmarcan en el Real Decreto-Ley 2/2024, de 21 de mayo, que reformó la protección asistencial por desempleo, con el objetivo de adaptarla a las necesidades actuales de la población.

Algunas de las medidas más destacadas que ya se implementaron el 23 de mayo incluyen modificaciones en el reintegro de prestaciones percibidas indebidamente y disposiciones relacionadas con la exención de rentas para solicitantes que participen en acciones formativas. También se ha reducido el número de jornadas reales cotizadas para acceder a la renta agraria de 35 a 10, una medida vigente hasta el 30 de junio de 2025.

Sin embargo, muchas de las reformas más complejas han esperado hasta noviembre para su entrada en vigor, debido a la necesidad de preparar los recursos técnicos y humanos requeridos para su adecuada implementación. En los meses previos, alrededor de 6.000 funcionarios fueron formados para gestionar las nuevas prestaciones y entender el contenido normativo de las reformas.

Entre las medidas que ahora se ponen en marcha se encuentran:

• Incremento de la cuantía de los subsidios durante el primer año.
• Supresión del mes de espera para acceder al subsidio.
• Cambios en los requisitos de renta, permitiendo alternativas entre rentas propias o de la unidad familiar.
• Acceso al subsidio por desempleo para trabajadores eventuales agrarios.
• Reconocimiento de las prestaciones por períodos trimestrales.
• Consideración de las parejas de hecho como parte de la unidad familiar.
• Cobertura para menores de 45 años que agotan sus prestaciones contributivas sin cargas familiares.
• Mejora de la cobertura para quienes tienen cotizaciones insuficientes.
• Eliminación de la parcialidad del subsidio tras un contrato a tiempo parcial.
• Complemento de apoyo al empleo para prestaciones asistenciales y contributivas.
• Subsidios específicos para emigrantes retornados y víctimas de violencia de género o sexual.
• Ampliación de la cobertura de la prestación contributiva a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.
• Garantía de acceso a un itinerario o plan personalizado adecuado para beneficiarios del subsidio por desempleo.
• Ampliación del plazo permitido de salida ocasional al extranjero de 15 a 30 días.
• Nuevo plazo máximo de reanudación de prestaciones de 6 meses.

Además, a partir de noviembre, se derogan la Renta Activa de Inserción (RAI) y el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED). Las personas que a 1 de noviembre de 2024 hayan solicitado o sean beneficiarias de alguno de estos subsidios seguirán bajo la normativa anterior hasta su extinción. La derivación al Ingreso Mínimo Vital (IMV) de subsidios que se regulaban por la RAI o el SED se realizará a partir del 23 de noviembre.

CCOO ha destacado la importancia de hacer un seguimiento de los efectos de estas medidas en la población destinataria, especialmente en relación con el nuevo complemento de ayuda al empleo (CAE). A pesar de los avances, el sindicato ha reiterado su compromiso de continuar trabajando para cerrar los vacíos de cobertura existentes y mejorar las cuantías de estas prestaciones, abogando por una revalorización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) del 17%, que aún permanece pendiente.

Con la implementación de estas reformas, se espera que más personas puedan acceder a la protección asistencial por desempleo en mejores condiciones, marcando un avance significativo en el bienestar social de la población más vulnerable en España.