Según ha recogido en un artículo El Pais, Julián Domínguez, de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, y jefe del servicio de Medicina Preventiva del HUCE ha señalado que “La mejor medida es reducir la movilidad y la interacción social. Debemos aprender a relacionarnos de otra manera. Pero hay que evitar un confinamiento generalizado a toda costa. Si lo hay, que sea un confinamiento más quirúrgico, temporal y proporcional”
Las comunidades van en esa línea, con los cierres perimetrales de varios municipios o la prohibición del ocio nocturno. Previamente, cuando llegó la pandemia, el Congreso de los Diputados aprobó el estado de alarma, que daba potestad al Gobierno para restringir derechos fundamentales, como el de circulación o el de reunión. Pero ese escenario decayó el pasado 21 de junio. La presión del virus, sin embargo, no ha cesado, y las comunidades carecen de grandes herramientas jurídicas para sostener nuevas restricciones..
Las leyes de salud pública son imprecisas y, en los casos más graves, se requiere el aval de un juez, que carece de antecedentes para evaluar la situación. El resultado: una respuesta dispar según la autonomía y poco margen de maniobra para solventarlo.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, reclamó el lunes “herramientas jurídicas homogéneas” para arbitrar una respuesta común entre las comunidades. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, respondió que “las herramientas legales que tienen las comunidades parecen suficientes” y están logrando contener el virus. Sin embargo, expertos en salud pública y juristas urgen una norma que se adapte a la situación de pandemia y lamentan que no se haya hecho antes.
Las dos grandes normas de salud pública en España (la ley de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y la Ley General de Salud Pública de 2011) ya permiten que se tomen medidas de control de personas enfermas o sus contactos en pro de la salud pública, pero son muy inconcretas. “Esta legislación tiene un espíritu pensado para actuar de manera reactiva: las autoridades tienen que demostrar suficientemente que lo que proponen es una medida proporcionada a la situación hay, pero no admiten un cierre anticipatorio. El problema es que en esta pandemia hay que anticiparse y con esta legislación no se puede”, zanja Alberto Infante, director de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud entre 2004 y 2010.
En cualquier caso, los expertos en salud pública y los juristas consultados admiten que, a corto plazo, no hay mucho más margen de maniobra que lo que ya se está haciendo. “Hace falta un instrumento jurídico para aplicar las normas. Para el futuro, habría que pensar en una ley orgánica”, valora Domínguez. Los constitucionalistas sostienen también que las restricciones de derechos fundamentales no pueden estar contempladas en leyes ordinarias, sino orgánicas. Hasta que lleguen, es “indispensable” la aprobación de un juez. “Si queremos que no haya disparidad por parte de los jueces, la ley tiene que ser más estricta y precisa, y establecer niveles de gradación progresivos. Se podría iniciar la reforma de la ley de salud pública por la vía de urgencia, pero en España, los Parlamentos han estado desaparecidos y era exigible que ya se hubiesen articulado los consensos”, lamenta López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco
