La Fiscalía General del Estado ha reflejado en su Memoria Anual de 2024 las dificultades en la identificación de Menores No Acompañados, alertando de que, en algunos casos, se ha tratado como menores a personas que superaban los 18 años. El documento destaca que, en numerosas ocasiones, se han incoado expedientes a personas que, a pesar de manifestar ser mayores de edad, eran reconocidas como menores en los centros de acogida.
De acuerdo a la información publicada por El Debate, uno de los aspectos más llamativos del informe es la referencia a la actuación de la ONG Cruz Roja en la provincia de Tenerife. Según el informe, durante los meses de agosto a octubre de 2023, la organización localizaba a los menores en el momento del desembarco de los cayucos, comunicando a la policía únicamente la declaración o no declaración de minoría de edad del inmigrante, sin una evaluación adicional. Posteriormente, la policía trasladaba esta información a la Fiscalía, que incoaba el correspondiente expediente de determinación de edad sin más verificaciones.
De acuerdo a la información difundida por el medio, la Fiscalía subraya que esta metodología ha generado errores en la identificación de la edad de los inmigrantes, un problema que ya había sido detectado en memorias provinciales previas. En especial, el documento señala dificultades en la verificación de la documentación de extranjeros procedentes de Gambia y otros países con sistemas de expedición de pasaportes que generan dudas sobre la autenticidad de los datos registrados. Según la memoria, en 2023 este problema se ha extendido a múltiples fiscalías del país.
Ante esta situación, la Fiscalía ha tomado medidas, según señala el artículo. A principios de 2024, se celebró una reunión entre la Fiscal de Sala Jefa de lo Civil del Tribunal Supremo, la Fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica, la Unidad de Menores y la Fiscal de Sala de Trata de Personas y Extranjería. El objetivo de este encuentro fue la elaboración de una nota interna que establezca criterios comunes para abordar estas deficiencias en la identificación de menores inmigrantes. Este documento aún se encuentra en fase de elaboración, pero se espera que aporte mayor claridad y rigor en los procesos de determinación de edad.
El informe anual de la Fiscalía General del Estado evidencia la necesidad de mejorar los protocolos de identificación de menores inmigrantes para evitar irregularidades y garantizar una atención adecuada a los verdaderos menores de edad.
