La campaña CER en Ceuta ha generado indignación entre las asociaciones animalistas locales debido a la falta de previsión y coordinación por parte de las autoridades municipales. A pesar de haber finalizado en diciembre, sus consecuencias se hacen evidentes dos meses después, con la aparición de nuevos problemas derivados de la falta de apoyo y recursos por parte de la ciudad.
Desde hace meses, el voluntariado encargado de la campaña ha estado advirtiendo sobre la falta de coordinación y apoyo institucional. La responsabilidad de proporcionar instalaciones adecuadas para llevar a cabo la captura de gatos recae sobre la ciudad, sin embargo, el voluntariado se ha encontrado con dificultades para acceder a estas instalaciones y realizar su labor de manera efectiva.
La situación se agrava aún más por la falta de flexibilidad en los horarios de captura, lo que dificulta la labor del voluntariado que debe compaginar su actividad con sus responsabilidades laborales. Además, la falta de apoyo por parte de la Consejería ha impedido disponer de las instalaciones necesarias para llevar a cabo la campaña de manera efectiva, incumpliendo así la Ley de Bienestar Animal.
El artículo 40 de esta ley establece claramente las responsabilidades de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en la gestión de colonias felinas, incluyendo la provisión de instalaciones adecuadas y la promoción de programas de esterilización. Sin embargo, la falta de acción por parte de la Consejería ha generado una situación preocupante, con el descubrimiento de nuevas camadas de gatos que necesitan atención y cuidados.
Ante esta situación, las asociaciones animalistas han anunciado su intención de reunirse en los próximos días para analizar la situación y exigir soluciones a la administración. Invitan a cualquier asociación o colonia interesada a sumarse a esta reunión, con el objetivo de buscar soluciones colectivas a este problema. Desde la protectora de animales se advierte que no se puede permitir que la ciudadanía siga solventando los problemas generados por la dejadez de la administración, y se contempla la posibilidad de tomar medidas legales si la situación no se resuelve satisfactoriamente.
