El Ministerio del Interior volvió a aparecer como el gran señalado en la segunda sesión del juicio contra la ex delegada del Gobierno, Salvadora Mateos y la que fuera vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, a las que se considera responsables de la devolución ilegal de 55 menores migrantes no acompañados en agosto de 2021. Las dos acusadas de prevaricación administrativa defendieron su gestión durante sus respectivas declaraciones, coincidiendo en indicar que no tenían dudas sobre la legalidad de las deportaciones al venir la orden de activar un acuerdo marco entre España y Marruecos que data de 2007, del Ministerio del Interior. Compañeros de Gobierno nacional, como el secretario de estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta, coincidieron con las dos investigadas en señalar como actor principal en los hechos al departamento liderado por Grande-Marlaska, aunque no lo hicieron en considerar que los pasos dados fueran legales, tal y como ha confirmado ya el Tribunal Supremo.
Mateos dudó por un momento si el primer impulso a la solicitud de aplicar el tratado vino del presidente Vivas o de la propia Deu, pero no titubeó, al igual que la vicepresidenta, en argumentar en favor de su actuación. Consideran que todo se hizo salvaguardando el interés de los migrantes, vigilando que Marruecos ofreciera garantías al hacerse cargo de su tutela y realizando el estudio individual preceptivo en cada caso, no exponiendo a ningún niño vulnerable.
Ambas señalaron también lo complicado de la situación, marcada por la entrada ilegal de alrededor de 12.000 personas a finales de mayo de 2021. Una "agresión" a la integridad del país que obligó, a su juicio, a tomar medidas "excepcionales".
"Podremos doblarle la mano a la Fiscalía"
El primer testimonio destacado en la sala este miércoles fue el de Isabel Valldecabres, quien fuera directora de gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Esta relató cómo al conocerse la entrada masiva de mayo de 2021 el Ejecutivo central quiso prestar su apoyo a Ceuta, papel que le encomendaron personalmente. "Si necesitaban espacios hablaba con defensa para que la UME montara tiendas de campaña o si se necesitaba asistencia médica, acudía al Ingesa", explicó, indicando además que prestaba una suerte de apoyo emocional a Deu y Mateos para que sobrellevaran una situación "muy angustiosa" para ellas.
La fiscal no dudó en preguntarle por uno de los mensajes de WhatsApp que cruzó con la por entonces vicepresidenta de la Ciudad: "Marruecos dice que tienen que volver, si solicitáis la devolución podremos doblarle la mano a la Fiscalía", escribió Valldecabres a su interlocutora. "Desde el principio que llegamos a presidencia del Gobierno en 2018 tuvimos reuniones con muchas asociaciones de apoyo a personas migrantes en Ceuta porque estábamos preocupados por la situación de abandono una vez cruzaban la frontera. A veces motivada por sus familiares. Muchas reuniones para hacerles saber que la situación de los menores era crítica y que se estaba generando un movimiento de rechazo al permanecer los jóvenes en las calles. Entendíamos que no era una solución dejarlos pasar porque no hay una capacidad infinita de acogida", explicó al respecto.
En ese contexto se produjo el citado mensaje, apelando a "un convenio ya firmado" para devolverlos a sus familias o que Marruecos los tuviera bajo tutela en sus propios centros de acogida "si sus padres no los querían": "Cuando se produce este evento tenemos la noticia de que sus padres están en la frontera esperando y pidiendo que volvieran. Les habían engañado, o eso se dice. Era un procedimiento de retorno con las familias, no era situación de solicitar la expulsión", agregó la que fuera mano derecha de Carmen Calvo.
Reconoció además Valldecabres una serie de encuentros y conversaciones con la Fiscalía General del Estado "buscando una solución, con garantías suficientes de que los menores volvieran con sus padres o con las autoridades de tutela". Sin embargo, la falta de entente llevó a plantear que fuera la propia Ciudad quien solicitara la aplicación del protocolo, velando por que se cumpliera con los derechos de los jóvenes, incluidos los preceptivos pasos de la filiación y las entrevistas personales, muy discutidos a lo largo del juicio.
Para ella no hubo orden directa de Interior, simplemente una "intermediación" en busca de "una solución garantista", que se concretó en un listado de 145 menores destinados a ser repatriados a su país de origen. Finalmente, solo 55 fueron llevados a Marruecos durante los días 13, 14 y 15 de agosto, hasta que el 16 varios solicitaron el aleas corpus (un procedimiento constitucional contra las detenciones ilegales), y se detuvieron las repatriaciones. Más tarde, el Tribunal Supremo ratificaría en sentencia firme la ilegalidad de aquel proceso.
Kasrou: "La Ley de Extranjería no era una vía eficaz"
Otro de los testimonios relevantes de la jornada fue el del secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Ismael Kasrou, quien estuvo presente tanto en el momento de la supuesta orden de Interior, como en la reunión con presuntas autoridades marroquíes -nunca identificadas como tal- en la línea divisoria entre países el 11 de agosto de 2021.
"En la Delegación recibimos dos escritos, uno el 24 de mayo y otro el 10 de agosto requiriéndonos que aplicar un tratado internacional", empezó contando Kasrou, que reconoció el envío de filiaciones de los desplazados al Reino Alauita. "La finalidad era darle cauce, remitírsela a los servicios centrales, dado que eran competentes en interlocución con Marruecos. Se remitía a Interior, para que a través de Extranjería las trasladasen a las autoridades marroquíes para que supieran quién estaba en Ceuta. Esa información no moría en la Delegación", subrayó.
El trato con el país vecino resultaba tortuoso y en muchas ocasiones infructuoso, según el testimonio del secretario general, incluso cuando en anteriores ocasiones se había intentado aplicar el mismo acuerdo entre partes -que data del 2007- para la repatriación de menores. Este detalló que Marruecos cuenta con tres meses para responder sobre las circunstancias familiares de cada uno de los niños y adolescentes, antes de que se continúe con el proceso, que necesita también de un comité de garantías y de un procedimiento individualizado.
Sin embargo, esta forma de proceder nunca llegó a ejecutarse, ni siquiera antes del salto masivo. "En todos los supuestos anteriores en los que la Delegación remitió eso a Marruecos, en ningún momento se obtuvo contestación. En noviembre del 2020, después de muchas veces en las que habíamos remitido, recibimos una respuesta de Comisaría y Frontera en la que se nos decía que no se habían tramitado expedientes".
Dadas las complejas relaciones con el país vecino -que imposibilitaban según Kasrou las reunificaciones familiares-, cortadas con la pandemia y únicamente sostenidas a través de Interior, las vías convencionales para devolver a los jóvenes parecían poco viables. De esa forma llegaron a la determinación de aplicar el acuerdo marco de 2007, que sin embargo, en su formulación, no sirve para esquivar la normativa nacional e internacional en materia de menores y extranjería.
Aún así, al recibir un escrito procedente de la Secretaría de Estado de Seguridad -sin firma ni sello- el día 10 de agosto, la Delegación interpretó que el pacto entre países debía ejecutarse a toda costa: "Se insta a aplicar lo que pone el escrito desde hoy mismo. No era eficaz la vía de la Ley de Extranjería y a los funcionarios nos exigen que seamos eficaces. Si no era viable esta vía se planteaba que se aplicara una alternativa. Solo era necesario discernir si el menor era susceptible de vulnerabilidad", detalló el secretario general.
Llegados a ese punto, y siempre según el testimonio de Kasrou, solicitaron a la Ciudad que acreditase quiénes eran los chavales no vulnerables, informando a Fiscalía "hasta en ocho ocasiones", algo que la representante del Ministerio Fiscal en la sala negó reiteradamente.
No fue la única cuestión que la fiscal cuestionó del testimonio del secretario general de la Delegación, también que en la reunión mantenida el 11 de agosto en la frontera, en la que se iba a "comprobar" que Marruecos disponía de medios para llevar a los jóvenes con sus familias o a un centro de tutela, no se identificara a los interlocutores del país vecino. Dando a entender que podían ser cualquiera: "No se consideró oportuno acreditarse. Entendíamos que quien estaban eran quien decía ser, era un encuentro entre iguales".
Allí, en la zona intermedia entre países "no se habló de detalles", sino de que "había que explorar el artículo del tratado en el que se señalaba que hacía falta un protocolo para la devolución": Era una reunión informal, con corrillos, donde los actores se estaban conociendo", relató Kasrou, que también reconoció el enfado de su "jefa de área", Toñi Palomo, que no estaba de acuerdo con cómo se pretendían hacer las cosas. "Dijo que era una morunada".
Para él quedó claro aquel día que el Reino Alauita contaba con los medios necesarios para asumir la tutela de los niños y localizar a los padres, por lo que los avisos de posible "prevaricación" -que dijo no recordar- por parte de Palomo, no le hubieran cuadrado en todo caso. "Lo que era una certeza es que la vía de la Ley de Extranjería no había funcionado y el día 11 se creó la expectativa de una cosa novedosa, de un protocolo en los que los encorsetamientos de la Ley de Extranjería se pudieran reducir, en vez de hacerlo súper largo, hacerlo de manera sumarísima", zanjó, asumiendo que aquella fórmula no resultó a la vista de la sentencia contraria del Tribunal Supremo. "Lo que diga la resolución va a misa", agregó.
Al final no hubo protocolo, cosa con la que Kasrou contaba, y tampoco a su juicio mayor participación de la Delegación, más allá de avisar a la Policía Nacional de que abriera la Frontera en las jornadas en las que se produjeron las devoluciones, en las que no estuvieron ni él ni los representantes del Ejecutivo Nacional en Ceuta presentes.
El traslado "sin ansiedad" a la frontera
El primero que habló este martes en sala sobre cómo se realizaron las repatriaciones fue Víctor Manuel Ríos, director general de Emergencias, quien en las jornadas del 13, 14, 15 y 16 de agosto de 2021 tuvo la encomienda de "llevar a cabo el traslado de los chavales desde el Polideportivo de Santa Amelia (donde se encontraban alojados) hasta la frontera del Tarajal".
Contó durante su intervención que le encargaron la tarea desde la Consejería de Presidencia -la liderada por Deu- apenas "hora y media" antes de que se iniciara el proceso. "Me piden que preparemos un dispositivo para llevar a quince menores. Tenemos Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Parque Móvil en algunos momentos", prosiguió.
Con el listado en mano y el representante del Samu -fundación encargada de gestionar los espacios de acogida- avisado procedió a los traslados, que sufrieron pequeñas incidencias, aunque descarta que hubiera error alguno en la identificación de los menores o que algunos carecieran de filiación. "El día 14 hubo que volver porque en frontera algunos se identificaron como menores y cuando Marruecos corroboraba que alguno era mayor de edad nos daba la posibilidad de llevar a alguno más para completar el cupo de quince", reveló, mientras Fiscalía enumeraba una serie de fallos en los reconocimientos.
Sí reconoció Ríos un cierto "alboroto" en el polideportivo cuando el primer día se iniciaron las devoluciones, aunque dijo no haber entrado personalmente en las instalaciones. "Voz alta se escuchaba, pero no creo que fuese de alegría, igual no querían volver (...) la despedida de un campamento no sería", manifestó, puntualizando a renglón seguido que no se dio "ninguna crisis de ansiedad", ni fue necesario "atender a nadie".
También estuvo presente el director general de emergencias cuando el día 16 se detuvieron las repatriaciones. Esto se debió, siempre según su testimonio, a que varios jóvenes "llevaban un documento hecho a mano por alguna persona que suponía una solicitud del aleas corpus. Nos lo presentaron en la misma frontera", afirmó.
Para la Policía, no hubo confusión alguna
También aportó luz a lo sucedido durante las entregas de los jóvenes el agente de la Policía Nacional responsable de la frontera del Tarajal. Presente durante todas las jornadas en las que se devolvió a menores, explicó que la Gendarmería marroquí les indicó que no podían coger a los 145 y que mejor de quince en quince para "disponer de tiempo para poder localizar a sus familias".
Este efectivo policial era el encargado de acompañar a los niños y adolescentes a la zona intermedia, aunque antes, en espacio español, los policías del Reino Alauita habían colocado unas mesas y sillas donde charlaban con los jóvenes y les tomaban las huellas antes de meterse al interior de su espacio fronterizo para cotejar los datos en sus ordenadores.
"La identidad venía ya comprobada del Centro de Menores por las autoridades competentes. Los marroquíes cogían su nombre y apellidos, les preguntaban que de qué barrio eran, que quién era su madre y su madre. A todo el que entra a Marruecos sin identificación a día de hoy le cogen la huella, los datos. Es lo que es", relató, insistiendo en que ninguno de los chavales que vio pasar por allí "dijo que no quería ser devuelto".
Compañeros de Gobierno no ven clara la legalidad del proceso que "lideró Interior"
La jornada de tarde en la vista oral empezó rebobinando en el tiempo a los días previos a las devoluciones con dos nuevos testigos, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta, y la directora general de Derechos de la Infancia en el Ministerio, Violeta Assiego. Ambos, aunque sobre todo el primero, señalaron a Interior como responsable de un protocolo de devolución que a su juicio vulneraba la legalidad.
Ambos remitieron el 13 de agosto de 2021 un primer escrito al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en el que manifestaban su "preocupación ante el posible incumplimiento de la Ley de Extranjería con la repatriación de menores en Ceuta". Esa inquietud también se la comunicaron en la jornada del 14 a la consejera, Mabel Deu. "No tuve respuesta por parte del ministerio, el secretario de Estado me dijo que todo se estaba haciendo respecto a la ley y Deu que lo estaba haciendo según las indicaciones del Ministerio del Interior y la Delegación", explicó ante el tribunal Álvarez Peralta.
Este reconoció comunicación continua desde el salto masivo con la vicepresidenta de la Ciudad y también con otros ministerios, especialmente el liderado por Fernando Grande-Marlaska, uno de los grandes señalados en las dos jornadas que van de juicio. "Ni Consejería, ni Interior, ni Delegación nos detallaron las características del operativo. Lo empezamos a conocer después de que se produce", agregó el testigo.
Varias conversaciones por WhatsApp con Deu, que la propia fiscal mencionó durante el interrogatorio, incrementaron las dudas de Álvarez Peralta: "La consejera me habla de que lo que le pasa con las normas habituales y entonces se plantea la existencia de un protocolo específico en caso de excepcionalidad que no conocemos. Nos preocupa la normativa vigente. Ella me indica en todo momento que sigue las instrucciones que le trasladan desde el Ministerio del Interior, que su tarea es complicada y viene a dejar caer que nosotros se la estamos haciendo más complicada aún", comentó el secretario de Estado, que vino a suponer que todo estaba dirigido por el departamento de Grande-Marlaska.
Mateos: "Si el ministro había dicho que todo estaba bien"
Dándose por reproducidas las declaraciones de dos de los menores afectados por las repatriaciones -a los que fue imposible localizar, por lo que el tribunal valorará sus testimonios durante la instrucción- salieron a la palestra las dos acusadas. Lo hizo primero la ex delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, que optó por responder únicamente a las preguntas de su abogado, un letrado del Estado.
"Cuando se produjo la avalancha de personas lo primero que hice fue hablar con las fuerzas de seguridad para que apoyaran y salieran a ayudar. Y después ponerme en contacto con el presidente de la Ciudad para ayudarle en lo que hiciera falta. Que pudiera contar conmigo. Vengo a colaborar con la Ciudad, no a enfrentarme", apostilló de inicio.
Luego dijo haber recibido una petición del Gobierno local planteando que "lo mejor" era que las personas que habían cruzado fueran retornadas a su país. "Me mandó un escrito para que lo comunicara a Madrid y así lo hice. Se lo envié al secretario de Estado y, a partir der ahí, se comenzó a trabajar el tema"
Ahí llegó un pequeño lapsus. Mateos dudó sobre si había sido el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, o su segunda de abordo, Deu, quien le encomendó poner a funcionar la maquinaria para las repatriaciones. "El 5 de julio, creo que fue, cuando el presidente o la vicepresidenta, no me acuerdo, me comentaron que había que poner en marcha el acuerdo de 2007. Era un momento muy difícil para el Gobierno de España porque se habían roto las negociaciones con Marruecos y solo podía hablar con Marruecos el ministro del Interior", apuntó la por entonces delegada.
Ya en agosto, el día 8, Mateos comenzó a encontrarse mal tras contraer Coronavirus y se vio forzada a gestionar la operación desde casa, hablando por teléfono con Interior: "Marruecos le contestó que sí, que el rey lo había pedido y que necesitaba que sus menores volvieran", subrayó sobre las conversaciones para el retorno de los adolescentes.
Luego, el día 10, llegaría el escrito de la Secretaría de Estado. "Venía a decir que se iba a poner en marcha la salida de menores a Marruecos y me acuerdo que decía en el mismo texto que se recibía en Delegación que lo había remitido al fiscal de menores y que se iba a poner en marcha".
Ella habló con su interlocutor en Marruecos, "el jefe de gabinete de Rincón", quien le indicó que "ya estaban montando todo para que los niños volviesen con sus padres y que las familias habían estado queriendo que los niños regresaran". Tras esa conversación, en la que su colega marroquí le insistió en la existencia de un centro de menores preparado para la acogida "en Río Martín (Martil)", Mateos, decidió asegurarse, enviando al cónsul español a revisar las instalaciones: "A las dos horas de pedírselo me dijo que había estado y era un centro enorme, bien preparado, con monitores, de todo... Zona para mujeres maltratadas, otra para niños de la calle y otra para los de Ceuta". En resumen, que se quedara "tranquila".
A pesar de encontrarse en casa convaleciente, la por entonces delegada convocó una reunión en la frontera para que todos los implicados pudieran tener conocimiento de lo que se iba a hacer, de forma que "la vicepresidenta pudiera ver y hablar con este señor (su interlocutor marroquí), dándole la tranquilidad de que todo se iba a desarrollar bien".
Llegado el momento y sintiéndose respaldada en el escrito de Interior, que decía "hay que hacer esto", comenzó "el traslado de los niños", limitándose desde entonces a firmar un escrito para solicitar la apertura de la frontera para el paso de los jóvenes.
Para ella, todo estaba bien. "Nadie me dijo que iba a prevaricar. El fiscal de menores recibió el mismo escrito que yo y no me dijo nada. Eso a mí me dio tranquilidad", explicó ante los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, reiterando que, "si el Ministro había dicho que estaba bien", todo era correcto a sus ojos y que "lo importante era que los niños estaban padeciendo y querían estar con sus padres".
"Parece que fuimos la delegada y yo las que dijimos, 'vamos a devolverlos'"
Para terminar la segunda sesión de la vista oral y con ella todos los testimonios antes de que las partes pidan o no condena, intervino Mabel Deu. En la línea de su predecesora en la palabra y compañera acusada, comenzó explicando lo que supuso para ella la entrada masiva de mayo de 2021. "Fue uno de los episodios más terribles en la historia de Ceuta con una invasión de entre 12.000 y 15.000 personas. Si ahora me parece que son cuatrocientos los menores migrantes que se encuentran en Ceuta, con los mismos dispositivos que pusimos, y estamos en una situación de emergencia tremenda, imagínense en aquella época, imagínense que había más de 1.100 filiados, más los que estaban en casas de familiares o en asentamientos irregulares", recordó al Tribunal.
Desde su punto de vista, la activación del acuerdo marco viene precedida de la visita del presidente Pedro Sánchez y del ministro Grande-Marlaska: "Se entendió que era una agresión, un episodio muy difícil y las palabras del presidente fueron en el sentido de que todos, menores y mayores, abandonarían el país", valoró.
Contó entonces que ya en el momento de la pandemia la Ciudad planteó al Ministerio la posibilidad de activar el convenio de 2007 con Marruecos, que nunca se había empleado y podía parecer una solución a tener a cientos de niños aislados en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), algunos "muriéndose". Sin embargo, en aquel momento, recibieron "la callada por respuesta".
Esa opción volvió a aparecer, dado "el contexto de emergencia", tras la entrada masiva. En una coyuntura además de intensa comunicación con el Gobierno Central, a través de la jefa de gabinete de Carmen Calvo, Isabel Valldecabres. "Trabajamos al unísono de temas de migración y de fondos europeos", abundó, indicando que a ella le remitía las listas de niños que se encontraban en los recursos de acogida, tal y como a ella se las enviaba semanalmente Toñi Palomo, directora del Área de Menores.
"Esto no se gesta de hoy para mañana, parece que fuimos la delegada y yo las que dijimos, 'vamos a devolverlos'. Nosotros trabajamos junto al Gobierno de España en mil cosas todos los días y este activa el protocolo por el que se pide la actuación el 24 de mayo. Luego me dicen que lo vuelva a solicitar y ese mismo día, el 10 de junio, me remiten desde la Delegación una carta sin firma pero con membrete de Interior en la que se decía que se activaba el acuerdo marco", continuó explicando Deu.
Luego hablaría de sus discrepancias con la forma de actuar de Toñi Palomo, directora del Área de Menores, que el día previo había afeado en la sala la forma de actuar de la exvicepresidenta. En ese sentido, aseguró que del pabellón de Santa Amelia se había ido sacando a todos los chavales considerados vulnerables y recalcó las garantías ofrecidas por Marruecos.
Una extensa defensa de su gestión en la que detalló cómo se procedió al traslado de los menores a la frontera y la forma de actuar una vez en la divisoria entre países, asegurando que se realizaron las entrevistas individualizadas preceptivas a cada niño, comprobando que el Reino Alauita garantizaba la tutela adecuada de los jóvenes. Todo bajo la convicción, siempre despreocupada, que lo que allí ocurría era lo correcto al encontrarse amparado por el Gobierno de España. "El Ministerio del Interior es quien ordena a la Delegación poner en marcha el acuerdo para el retorno, pero la responsable ahora soy yo porque tenemos las competencias", zanjó.
