En solo unas horas Reino Unido dejará de formar parte del club europeo y se llevará consigo a Gibraltar. Tras tres años y medio de incertidumbre, se cumple el mandato dado en el referéndum de 2016, con un acuerdo de salida pero con un escenario aún abierto sobre cuál será la futura relación entre los divorciados. Comienza el año cero de ese largo proceso llamado Brexit, en el que habrá que definir no solo un nuevo marco de entendimiento entre Reino Unido y la Unión Europea, sino también entre España y Gibraltar. Estas son algunas de las claves de esta nueva fase del Gibrexit en la que se determinará el futuro de la colonia, pero también del Campo de Gibraltar.
Nueva fecha límite
El 1 de febrero será el primer día en el que Reino Unido y Gibraltar ya no formarán parte de la UE, pero nada cambiará por ahora para los ciudadanos y empresas del Peñón y el Campo de Gibraltar, como tampoco para el resto de los europeos. Reino Unido seguirá aplicando la normativa comunitaria durante el año de transición, con una nueva fecha marcada en rojo en el calendario: 31 de diciembre de 2020. Ese es el límite, por ahora, para la negociación entre ambas partes del marco de relación futura, un plazo para el que se podría solicitar una prórroga de uno o dos años que el premier británico, Boris Johnson, rechaza. Durante ese tiempo se realizará también la negociación bilateral sobre Gibraltar y España, que logró blindar en el Consejo Europeo su capacidad de veto: ningún acuerdo entre la UE y el Gobierno británico será de aplicación en la colonia sin su aprobación.
n noviembre de 2018 España y Reino Unido aprobaron cuatro memorandos en los que se trataban las cuestiones clave de cooperación sobre Gibraltar: los derechos de los ciudadanos, cooperación policial y aduanera, medio ambiente y tabaco. Estos documentos emanan del Protocolo sobre la salida de Gibraltar de la UE incluido en el acuerdo de retirada y en ellos ya se recogían las líneas básicas a respetar entre ambas partes en estas materias. También la creación de tres comisiones en las que se negociará su aplicación, dos de ellas con la participación de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (y de las autoridades del Peñón).
Esa negociación ya ha comenzado con una reunión técnica entre las partes: el próximo mes se crearán de forma efectiva las comisiones, que se reunirán en Algeciras.
Con los derechos de los ciudadanos y la fluidez en el paso por la Verja como cuestión básica, se prestará especial atención a la situación futura de los 15.000 trabajadores transfronterizos, 9.700 de ellos españoles, que cruzan cada día. Una y otra parte han reiterado a lo largo de las negociaciones su intención de garantizar los derechos de los residentes a uno y otro lado, para lo cual se crea una comisión de coordinación que se reunirá con carácter trimestral.
En materia de cooperación policial y aduanera (muy demandada por los cuerpos policiales y la Justicia españolas) ambas partes declaran “su profundo compromiso de colaborar estrechamente para la correcta aplicación de la legislación penal y aduanera a los efectos de prevenir y luchar contra los delitos y las violaciones de la legislación aplicable en ambas materias en Gibraltar y la zona circundante”.
También se recoge la disposición al intercambio de información clave en la lucha policial, como la recogida en investigaciones financieras y patrimoniales, y en las aduanas. Se prevé asimismo la colaboración en operaciones conjuntas relacionadas con la circulación de mercancías sujetas a control aduanero y la lucha contra el tráfico de estupefacientes.
Otra cuestión clave es la lucha contra el contrabando de tabaco, uno de los grandes caballos de batalla entre una y otra parte. Como muestra, un dato: según cálculos de la Agencia Tributaria, una cuarta parte del presupuesto del Peñón (180 millones de euros) procedió en 2018 de los derechos de importación de 72 millones de cajetillas de tabaco (la población del Peñón es de 35.000 personas).
En el acuerdo sobre tabaco, Reino Unido se compromete vía memorando a garantizar que, como muy tarde el 30 de junio de 2020, el diferencial del precio medio minorista de cigarrillos, puros, picadura fina de tabaco y otros productos similares no superará el 32% del último precio español. También para esa fecha deberá existir un sistema de trazabilidad y de medidas de seguridad para los cigarrillos. Las partes se comprometen asimismo a cooperar en la investigación.
El memorando sobre medio ambiente incluye cuestiones como la evaluación del impacto ambiental de los proyectos propuestos a ambos lados de la Verja (incluidos los rellenos o terrenos ganados al mar), el intercambio de información sobre calidad del aire, del agua y la protección del hábitat marino. Otra cuestión que se prevé abordar es la persistente polémica sobre la actividad pesquera o de los buques de investigación científica, cuestión en la que el Gobierno yanito ha formulado continuas denuncias por considerar que se invaden unas aguas propias que España niega que existan.
El tratado fiscal
Si importantes son los memorandos, fundamental es también el tratado fiscal que vive en estos días sus últimos trámites antes de su aprobación definitiva por parte de ambos Parlamentos. El Gobierno español quiere evitar que Gibraltar sea, en palabras del ex ministro de Exteriores Josep Borrell, “un foco de competencia fiscal desleal con el resto del territorio” (durante años ha sido considerado un paraíso fiscal). Y para ello España ha suscrito el primer tratado sobre Gibraltar desde el de Utrech (en 1713).
El convenio pone el foco en las 55.000 sociedades existentes en el Peñón. Estas deberán tributar en España en una serie de supuestos: si la mayoría de los activos están en este país o sus ingresos proceden de él, cuando las personas que las gestionan sean residentes fiscales en España o en el caso de que la mayor parte de derechos sobre el capital los ejerzan españoles. Estarán exentas las sociedades constituidas en Gibraltar antes del 16 de noviembre de 2018 y que puedan demostrar que tres cuartas partes de sus rentas proceden de actividad desarrollada en la Roca.
Por otra parte, también se pretende atajar el problema existente con las falsas residencias en Gibraltar. Las personas físicas serán consideradas residentes fiscales si realizan más de 183 pernoctaciones al año en el país, si su cónyuge o sus ascendientes o descendientes dependientes tienen su residencia habitual en España, si la única vivienda permanente la tiene en el país o si dos tercios de los activos netos que posee se encuentran en este lado de la Verja.
Los once meses que ahora comienzan son un plazo demasiado corto, advierte la UE, para el gran reto del periodo de transición: lograr un acuerdo de libre comercio. La Unión Europea es partidaria de un gran acuerdo de “cero cuotas, cero aranceles y cero dumping”. En cambio, Boris Johnson quiere un acuerdo comercial sin alineamiento regulatorio así que la UE se prepara para una negociación que evite que Londres se convierta en un competidor desleal: sin alineamiento en normas medioambientales, de protección social o de ayudas públicas no habrá acceso privilegiado de Reino Unido al mercado interior, apunta.
La solución alcanzada será clave para la economía andaluza, también campogibraltareña, dadas las estrechas relaciones comerciales existentes. Las ventas andaluzas a Reino Unido superaron en 2018 los 3.300 millones de euros, 1.000 de ellos correspondientes a exportaciones a Gibraltar (fundamentalmente combustibles e hidrocarburos). La Consejería de Economía calcula unas pérdidas de entre 500 y 1.200 millones de euros dependiendo del escenario de acuerdo finalmente alcanzado.
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amagó hace unas semanas con separarse del acuerdo comercial que negociase Reino Unido si no favorecía al Peñón. Pero hace unos días, un portavoz el Ejecutivo británico recordaba que las autoridades del Peñón no pueden negociar ningún acuerdo por su cuenta. Cualquier cuestión relativa a Gibraltar, subrayaba en declaraciones a la BBC, formará parte de las conversaciones sobre las negociaciones futuras de “toda la familia de Reino Unido” con la UE. Respondía así a otra declaración de Picardo sobre la posibilidad de que Gibraltar se incorporase a la zona Schengen de libre circulación europea, a la que ahora no pertenece.
